El Congreso de EEUU exige penas de cárcel para los directivos de Volkswagen responsables del fraude
El presidente del Grupo Volkswagen (VW) en Estados Unidos, Michael Horn, admitió este jueves de viva voz durante su comparecencia ante un comité del Congreso de Estados Unidos que el objetivo del software instalado en algunos de sus vehículos diesel era ocultar sus emisiones reales. El reconocimiento de que existió la intención de engañar a la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) es el argumento al que se aferran varios congresistas para reclamar que se aplique a los responsables la pena más severa posible, que supondría su ingreso en prisión.
Uno de los más activos en este sentido está siendo el congresista demócrata por Nueva Jersey Frank Pallone, que opina que “alguien deberá ir a la cárcel” porque es la única manera de “acabar con esta cultura de negligencia” en la industria. Pallone lleva insistiendo en esta tesis desde el 18 de septiembre, cuando la EPA destapó el escándalo, y aseguró que la lucha contra la contaminación del aire “es crucial para la salud pública de los americanos y si Volkswagen intencionadamente ha procurado eludir su responsabilidad a través de la tecnología fraudulenta vendida a millones de consumidores, la EPA debería perseguir que se imponga el castigo más severo posible para disuadir a otros de seguir el ejemplo”.
La cuestión va a ser dilucidar quiénes son los responsables directos del fraude a los que se puede imponer una pena privativa de libertad que les castigue personalmente, al margen de las multas e indemnizaciones que de forma corporativa tenga que afrontar el fabricante. El máximo representante de Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn, podría encabezar esa lista, aunque durante su comparecencia en el Congreso ha tratado de minimizar su responsabilidad.
Horn ha afirmado que no supo hasta el 1 de septiembre de este año que los vehículos del grupo alemán contenían el software ilegal. Hasta ese momento, según su declaración, solo sabía que algunos de esos automóviles diésel no cumplían con las normativas estadounidenses sobre emisiones. De esta manera, ha ratificado la versión que ya envió a la Cámara por escrito nada más estallar el escándalo y que, de todas formas, genera no pocas dudas sobre por qué la compañía alemana no actuó con más rapidez para lidiar con esta ilegalidad.
En su escrito, publicado en la web de la Cámara de Representantes, Horn hace el siguiente relato: “En la primavera de 2014 (…) me dijeron que había un posible incumplimiento con las emisiones que podría ser remediado. También fui informado de que los ingenieros de la compañía trabajarían con las agencias para resolver el asunto”. Lo que no hace Horn es identificar a los ingenieros que le revelaron las irregularidades.
El 3 de septiembre de 2015 Volkswagen confesó a los reguladores estadounidenses que había instalado los denominados “artefactos de engaño” en algunos motores diésel para ocultar su auténtico nivel de emisiones tóxicas. La EPA destapó el engaño el 18 de septiembre, es decir, un año y medio después de cuándo Horn admite que el fabricante fue consciente del problema. Eso sucesió a raíz de un estudio elaborado por la Universidad de Virginia Occidental que revelaba que las emisiones de los coches en laboratorio eran significativamente inferiores a las que se registraban en condiciones normales de tráfico.
Durante su comparecencia de este jueves y ante las preguntas de los congresistas estadounidenses, Horn ha reconocido que no sabe exactamente cómo funciona el software instalado en los motores diésel turbo de 2 litros porque “no soy un ingeniero”. Sin embargo, ha subrayado que la compañía será capaz de reparar los vehículos afectados. Eso sí, será más tarde de lo que se preveía. De su declaración se desprende que la mayoría de los vehículos trucados no serán arreglados hasta 2017.
Ha explicado que “hay tres grupos de vehículos involucrados, cada uno con una de las tres generaciones del motor de 2 litros diésel. Cada uno requiere una solución diferente”. De estas tres generaciones, sólo la tercera, que corresponde a los motores instalados en los modelos de 2015 y 2016, serán arreglados de forma sencilla modificando su software. En los otros dos casos, que suponen la inmensa mayoría de los 500.000 vehículos afectados en Estados Unidos, la solución tardará más tiempo.
Además, Horn se ha disculpado en varias ocasiones por las acciones del fabricante alemán y ha señalado que Volkswagen está dispuesta a “aceptar las consecuencias” de sus actos. El alto ejecutivo se ha comprometido a que los responsables del engaño “sean identificados” y sufran las consecuencias, aunque ha avisado de que “cualquier información en este momento tiene carácter preliminar”. “Les pedimos su comprensión hasta que terminemos este trabajo”, ha añadido el directivo en referencia a la investigación interna que está llevando a cabo la propia Volkswagen para identificar a los culpables del fraude.
