La columna de Santiago Vélez Posada retrata el giro de la derecha colombiana: de prometer menos impuestos a defender el mayor ajuste fiscal en décadas.

El columnista de El Espectador Santiago Vélez Posada publicó este viernes 13 de noviembre una columna titulada “La tributaria y los adultos en la sala”, en la que analiza la contradicción política que enfrenta el gobierno de Abelardo de la Espriella al defender la Ley de Rescate Económico, un paquete de ajuste fiscal que, según el propio Ejecutivo, busca recaudar más de 40 billones de pesos en 2027 para evitar una crisis de deuda. El texto, de marcado carácter analítico, sostiene que la derecha colombiana ha chocado con la realidad de las cuentas fiscales después de una campaña en la que prometió “menos Estado, menos impuestos y más crecimiento”.

La tesis central de Vélez Posada es que la reforma ha puesto a la derecha frente a una prueba que “no se resuelve con discursos”. Durante la campaña, señala, “era fácil prometer menos Estado, menos impuestos y más crecimiento. Pero una vez en el poder aparecieron las cuentas: un gasto que supera ampliamente los ingresos y una deuda que no admite más consignas”. El columnista identifica dos lógicas en tensión dentro del propio Gobierno: la de Carlos Suárez, estratega de la victoria de De la Espriella, que representa “la obsesión por el relato y la imagen presidencial”, y la de José Manuel Restrepo, vicepresidente y principal defensor de la reforma, que encarna “la obligación de hacer las cuentas”. “Por ahora —concluye—, se impuso la realidad sobre la propaganda”.

El contexto que valida la columna: un déficit que no admite más promesas

Los datos a los que alude Vélez Posada están confirmados por organismos oficiales y centros de pensamiento. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el déficit fiscal de Colombia podría alcanzar el 7,8% del PIB en 2026 y cerca del 9,5% en 2027 si no se adoptan medidas de ajuste. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) proyecta que, sin la Ley de Rescate, el déficit llegaría al 9,4% del PIB en 2027, el nivel más alto en más de 30 años. El propio vicepresidente Restrepo ha advertido de que no hacer el ajuste podría llevar a Colombia a un default en 2027.

Las calificadoras de riesgo ya han reaccionado. S&P rebajó la calificación de Colombia a BB- en abril de 2026, mientras que Moody’s la mantiene en Baa3 (el último escalón del grado de inversión) y Fitch en BB. Las tres agencias han advertido de que el deterioro fiscal y la incertidumbre política presionan la calificación soberana, lo que encarece el financiamiento del Estado y reduce el margen de maniobra de la economía.

Qué contiene la Ley de Rescate Económico

El proyecto, radicado el 29 de octubre de 2026 ante el Congreso, consta de 106 artículos y busca cerrar un hueco fiscal de 2,2% del PIB, equivalente a unos 40 billones de pesos en 2027. Según el análisis de Infobae, tres de cada cuatro pesos del ajuste provendrán de mayores ingresos tributarios, pese al énfasis oficial en el recorte del gasto. El proyecto contempla:

• Recorte del 50% en contratos de prestación de servicios y reducción del 20% en gastos de funcionamiento.
• Eliminación del IVA reducido del 5% para productos como café, azúcar, harinas y aceites, que pasarían al 19% desde enero de 2028. Como compensación, el Gobierno devolvería el IVA a 19 millones de colombianos (en promedio 213.000 pesos mensuales) y entre el 30% y el 50% a otros 16,3 millones, mediante factura electrónica.
• Reducción del impuesto de renta a las empresas del 35% al 31% desde 2028, mientras las personas naturales enfrentarían mayor carga: eliminación de deducciones, reducción del tope de rentas exentas y un nuevo tramo del 9% para quienes ganen entre 3 y 9 millones mensuales.
• Aumento del aporte a salud de los empleados de mayores ingresos del 4% al 8%.
• Recargo temporal a la banca y mayores impuestos saludables sobre alcohol, tabaco y bebidas azucaradas.

Las críticas: desde la propia coalición de Gobierno hasta la oposición

El punto más polémico ha sido el IVA a productos de la canasta familiar, que ha generado rechazo incluso entre sectores afines al Gobierno. La senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional —el partido que avaló a De la Espriella—, ha cuestionado públicamente la medida. El Centro Democrático ha presentado una propuesta alternativa que incluye no cobrar IVA a la canasta familiar y reducir el número de ministerios de 19 a 6, con un ahorro estimado de 5,9 billones de pesos anuales. El Partido Conservador, por su parte, trabaja en una contrapropuesta que evite gravar “la canasta familiar, los insumos agropecuarios, ni la prepagada” y estudia la venta de acciones de ISA asociadas a Ecopetrol.

Desde la oposición, la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) ha criticado el carácter redistributivo de la reforma con una comparación con Betty la Fea: “Esta reforma nos afecta a todos, pero los mayores beneficios se los llevan quienes menos necesitan un rescate. ¿Y todavía nos preguntamos a quién están rescatando?”. El Pacto Histórico ha anunciado movilizaciones para el 19 de noviembre y ha advertido de que “no nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras el dictadorzuelo de Abelardo De la Espriella y su combo nos hunden nuevos impuestos”.

El trámite legislativo: un Gobierno que cede para no descarrilar

La aritmética legislativa es extremadamente ajustada. El Gobierno necesitaba 8 votos en la Comisión Tercera del Senado y suma 9 (tres del Centro Democrático, dos del Partido Liberal y uno de Conservador, La U, Cambio Radical y Salvación Nacional). En la Cuarta del Senado necesita 8 y tiene 10; en la Tercera de Cámara requiere 16 y cuenta con 21; y en la Cuarta de Cámara necesita 15 y suma 19. El margen más estrecho está en la Tercera del Senado: basta con que un congresista de la coalición falte o vote en contra para que la votación quede empatada si el Pacto Histórico y los verdes votan en bloque.

Ante este panorama, el Gobierno ha cedido en dos puntos clave. Primero, aceptó que el proyecto se tramite por todas las comisiones económicas (terceras y cuartas), y no solo por las terceras, como pretendía inicialmente. Segundo, permitió la designación de ponentes de varios partidos, después de que la oposición y algunos aliados calificaran la designación de un solo ponente por comisión como “una jugada para excluirlos del debate”. El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ha afirmado que “hay buen ambiente para conversar con las bancadas” y que en los próximos días se estudiarán los posibles cambios al proyecto.

Las alternativas sobre la mesa: más recorte y menos impuestos

El debate no es solo sobre el monto del ajuste, sino sobre su composición. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ha propuesto una distribución alternativa: 50% mediante recortes del gasto, 30% a través de mayores impuestos y 20% correspondiente a la venta de activos estatales (frente al 25% de recorte y 75% de impuestos que plantea el Gobierno). Cárdenas también ha advertido de que la combinación entre la reducción del impuesto de renta a las empresas y el regreso de aportes parafiscales a la nómina “podría no resultar atractiva para todas las compañías, especialmente para aquellas que generan más empleo”.

La directora de Colombia Compite, Ana Fernanda Maiguashca, ha expresado reservas frente a la reintroducción de cargas laborales que habían sido sustituidas por impuestos sobre la renta en 2012, y ha subrayado que la preocupación se concentra en el posible efecto de estas medidas sobre los costos empresariales y la protección del empleo.

Precisiones necesarias

Cabe subrayar varios aspectos para una lectura rigurosa de esta información. La columna de Santiago Vélez Posada es una pieza de opinión, no un artículo periodístico, y sus afirmaciones sobre las “dos lógicas” en el Gobierno y el triunfo de “la realidad sobre la propaganda” son interpretaciones del columnista, no hechos verificados. Los datos fiscales que cita (déficit del 7,8% en 2026 y 9,5% en 2027) provienen del CARF y de ANIF, y son proyecciones de organismos técnicos, no cifras definitivas.

Las medidas concretas de la Ley de Rescate (IVA, renta, parafiscales) son las incluidas en el proyecto radicado, pero aún no han sido aprobadas y su contenido final dependerá del trámite legislativo, en el que varios partidos han anunciado enmiendas y contrapropuestas. Las críticas de Sara Castellanos, Jennifer Pedraza, el Centro Democrático y el Partido Conservador son posiciones políticas y deben leerse como tales, no como evaluaciones técnicas independientes. La advertencia del vicepresidente Restrepo sobre un posible default en 2027 es una declaración del Gobierno que forma parte de su estrategia de convencimiento al Congreso, y no una conclusión unánime de los analistas.

Ninguna de las personas e instituciones mencionadas ha sido declarada culpable de delito alguno en el marco de esta información. El enfoque de la nota es descriptivo y se basa en fuentes públicas verificables: la columna de El Espectador, los análisis del CARF y ANIF, el articulado del proyecto de ley, las declaraciones de los actores políticos recogidas por medios como Bloomberg Línea, Infobae, Caracol Radio y Valora Analitik, y los reportes sobre las calificaciones de riesgo de las agencias internacionales.