El recorte del 50 % a los contratistas del Estado: la letra menuda de la ‘Ley de Rescate’ que preocupa a miles de trabajadores.
Mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en su ajuste fiscal con una reducción drástica del gasto en contratos de prestación de servicios, los datos oficiales confirman que esta modalidad de vinculación ya es estructural en el Estado colombiano y que, supuestamente, miles de personas quedarían expuestas a una mayor incertidumbre laboral sin un plan de transición claro.
La discusión sobre los contratistas del Estado volvió al centro del debate público tras la radicación de la llamada ‘Ley de Rescate’ o ley de rescate fiscal, una iniciativa que, según la información disponible en el articulado y en reportes de medios como La República y Forbes, contempla una reducción del 50 % en el gasto destinado a contratos de prestación de servicios para 2027. La medida forma parte de un ajuste más amplio que también incluye un recorte del 20 % en gastos de personal para 2028, sin incluir a la Fuerza Pública.
El debate no es menor si se tiene en cuenta la magnitud del fenómeno. De acuerdo con datos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), citados en un informe del empalme conocido como el Libro de la Verdad, hasta 900.000 personas estarían vinculadas al Estado colombiano bajo la modalidad de prestación de servicios. Para dimensionarlo, esa cifra se aproxima al tamaño de la nómina formal de muchos países enteros. Un análisis de La República, basado en información de Colombia Compra Eficiente, precisa que solo en el nivel nacional, en 2024, 161.767 trabajadores (el 14,9 % de los 1.174.183 servidores de ese nivel) estaban vinculados mediante contratos de prestación de servicios, y que estos suscribieron 207.459 contratos con pagos que superaron los $7 billones.
La precariedad que rodea a esta figura ha sido documentada por múltiples fuentes. Un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, que hizo seguimiento al periodo 2020-2024, encontró que los contratistas del Estado aumentaron un 44 % en ese lapso y que la mayoría son mujeres con formación educativa que, de esta forma, permanecen en la informalidad. El periodista Daniel Coronell, en una columna publicada por El País, reveló que los contratos de prestación de servicios en el Estado pasaron de 503.000 a 723.000 entre 2020 y 2024, lo que representa un incremento del 44 %.
En el plano territorial, el panorama es igualmente complejo. Según cifras citadas por el Concejo de Bogotá, de las 115.813 personas vinculadas al Distrito Capital en 2023, el 48 % eran contratistas, es decir, casi la mitad de quienes prestaban sus servicios lo hacían bajo esquemas de contratación temporal, sin prestaciones sociales, sin estabilidad laboral y sin garantías mínimas. A nivel nacional, los entes territoriales firmaron el 65,8 % de todos los contratos OPS del país entre enero y diciembre de 2024, con pagos por $8,6 billones, lo que evidencia que la tercerización laboral en el sector público es un problema estructural y no un fenómeno aislado.
La propia columna de El Espectador que motivó este contraste describe las condiciones de esta población: “no tienen primas, vacaciones pagas u otros beneficios” y, “al año suelen trabajar 10 meses o menos porque la contratación se demora”, lo que hace que su salario rinda menos porque deben cubrir 12 meses de gastos. Esa realidad se ha traducido en episodios concretos, como los retrasos de hasta cinco meses en el pago de honorarios a contratistas de entidades de salud, denunciados por medios como Caracol Radio, o las advertencias de congresistas sobre contratistas que, supuestamente, deberían trabajar sin prestaciones ni vacaciones en los primeros meses del año debido a los retrasos en la expedición de las órdenes de prestación de servicios (OPS).
El punto central de la preocupación, según coinciden analistas y sectores críticos del ajuste, no es la necesidad de sanear las finanzas públicas, sino la ausencia de un plan de choque para las personas que dependen de estos contratos. La columna de opinión lo plantea de manera directa: “si se quieren reducir este tipo de contratos, debería haber un plan de choque de cómo estas personas podrían emplearse en otros lugares o, al menos, formarse en otras habilidades”. La inquietud se agrava porque, de acuerdo con reportes de La Silla Vacía, en los primeros dos meses de la actual administración ya se habrían reducido 4.573 contratos, con la meta de que en cada entidad del nivel central no haya más del 25 % de contratistas.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la medida como parte de un ajuste fiscal necesario para reducir el déficit y eliminar la burocracia innecesaria. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible y con las cifras oficiales citadas, el impacto de este recorte recaería sobre un universo de cientos de miles de personas cuya relación con el Estado ya se caracteriza, supuestamente, por la inestabilidad, la falta de prestaciones y la incertidumbre sobre su continuidad laboral. El debate, por ahora, sigue abierto.
