El choque entre Ordóñez y la JEP: un forcejeo por la legitimidad del tribunal en plena audiencia sobre la vida de los firmantes de paz.

La audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evaluar las medidas de protección de los firmantes del Acuerdo de 2016 derivó este jueves 12 de noviembre en un tenso cruce entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez. Lo que debía ser una sesión técnica sobre la seguridad de los excombatientes se convirtió, según coinciden los medios presentes, en un pulso sobre los límites del debate: si la legitimidad del tribunal de paz podía o no ponerse en cuestión en ese escenario, y quién tenía la potestad para fijar el rumbo de la discusión.

El desencuentro, minuto a minuto

Ordóñez intervino en la audiencia convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, que buscaba evaluar los avances institucionales en la protección de los firmantes y sus familias. En el cierre de su exposición, el ministro afirmó que, diez años después de la firma del Acuerdo, el “gran desafío” de la JEP era su legitimidad. “La legitimidad de la JEP, señores magistrados, se consigue con resultados y transparencia”, señaló, y celebró que el nuevo presidente del tribunal, Danilo Rojas Betancourt, hubiera manifestado su intención de acelerar las imputaciones y avanzar hacia los juicios.

Fue en ese momento cuando el magistrado Salazar lo interrumpió. “No venimos a discutir la legitimidad de la JEP. Entonces, le pido que se limite al tema de protección”, le espetó, según recoge la agencia EFE. Salazar consideró que no era pertinente utilizar ese espacio para poner en duda la legitimidad de la jurisdicción. El ministro replicó que no había terminado su exposición y pidió completarla. “Señor magistrado, usted no me ha permitido terminar. Le pido a usted también el debido respeto. Permítame terminar la exposición para que quede clara y objetivamente establecido lo que está diciendo el Ministerio”, respondió Ordóñez.

El intercambio no quedó ahí. Salazar insistió en que la audiencia no era el lugar para ese debate: “Aquí no estamos para juzgar a la JEP, es un asunto político que no nos compete en esta audiencia. Usted puede tener sus opiniones, pero este no era el lugar”. En un momento, el magistrado elevó el tono y afirmó: “Tengo la palabra yo aquí”, y calificó de “mala educación” que el ministro pusiera en duda la legitimidad del tribunal en ese foro. La magistrada Reinere Jaramillo intervino para permitir que Ordóñez terminara, pero aclaró que todos los citados debían ceñirse a los cuestionarios enviados previamente, referidos al seguimiento de las decisiones y al deber de articulación del Ministerio del Interior.

El trasfondo del reproche: “la feria de los esquemas de seguridad”

Más allá del cruce dialéctico, la intervención de Ordóñez contenía el anuncio de un giro en la política de protección a los comparecientes. El ministro sostuvo que la seguridad de los firmantes es una prioridad para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pero advirtió de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá realizar estudios de seguridad para determinar quiénes requieren realmente esquemas de protección, ajustándose a los estándares de la Corte Constitucional.

“En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”, afirmó. “No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas para que con ellos se delinca, se trafique droga, se carguen armas o se movilicen terroristas. La protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan con la Constitución”. La frase remite a un episodio de junio de 2024, cuando un retén del Ejército detuvo dos camionetas blindadas de la UNP en las que se transportaban integrantes del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias, incluido su jefe, alias ‘Calarcá’, quien fue dejado en libertad por su condición de “gestor de paz” del anterior gobierno.

Ordóñez también aprovechó su intervención para cuestionar el diseño del Acuerdo de Paz. Lo describió como “un acuerdo mal hecho, mal diseñado que nos ha llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal”, y atribuyó el deterioro de la seguridad de los firmantes a la política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro. Según su versión, esa estrategia “disolvió los esfuerzos estatales por la seguridad” y “escaló el poder criminal” en las regiones, lo que habría dificultado la implementación del Acuerdo y la eficacia de las medidas de protección.

La dimensión humana: 533 firmantes asesinados en diez años

El forcejeo político se produjo sobre un trasfondo de violencia que la propia JEP y la Defensoría del Pueblo expusieron en la audiencia. Según las cifras presentadas por el tribunal, 533 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de octubre de 2026. La Defensoría del Pueblo, en su intervención, advirtió de que el 67% de esos homicidios ocurrió en territorios donde ya se habían emitido alertas tempranas, lo que pone en cuestión la capacidad de respuesta institucional.

La Defensora, Iris Marín, presentó un panorama “preocupante” y recordó que, según Indepaz, 521 firmantes han sido asesinados desde 2017, una cifra que, aunque ligeramente distinta a la de la JEP por el periodo de corte, confirma la magnitud del fenómeno. “Esto quiere decir que las instituciones disponían de advertencias sobre las dinámicas de violencia y no actuaron con la suficiente celeridad”, señaló Marín, según recogió EFE. La audiencia contó también con la presencia del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y de la consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, quienes respondieron a las preguntas de los magistrados sobre la articulación institucional.

Un pulso en un contexto de asedio presupuestal

El choque entre Ordóñez y Salazar no puede leerse de forma aislada. El Gobierno de De la Espriella ha mantenido una relación tensa con la JEP desde su llegada al poder. Durante la campaña, el ahora presidente prometió desmantelar el tribunal, y una de sus primeras decisiones presupuestales fue aplicar un recorte de 170.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) a la jurisdicción, lo que, según su propio presidente, Danilo Rojas Betancourt, obligará a la JEP a abandonar su sede y reducir su capacidad operativa.

La administración ha negado que exista una “política de venganza”, pero el propio Rojas ha denunciado una “estrategia de asfixia económica”. En ese marco, la exigencia de “resultados y transparencia” que planteó Ordóñez en la audiencia no es solo una opinión personal: conecta con una agenda política que cuestiona la lentitud de las imputaciones y las “benevolencias” del modelo transicional. La JEP, por su parte, ha defendido su legitimidad constitucional y ha advertido de que el recorte presupuestal pone en riesgo su capacidad para investigar y juzgar los crímenes más graves.

Precisiones necesarias

Cabe subrayar que el intercambio entre el ministro y el magistrado se produjo en el marco de una audiencia pública de seguimiento a medidas cautelares, no de una diligencia judicial de imputación o de adopción de decisiones de fondo. Las afirmaciones de Ordóñez sobre la “feria de los esquemas” y sobre el origen de la violencia contra los firmantes son declaraciones políticas del Gobierno, no conclusiones establecidas por un órgano judicial. Las cifras de firmantes asesinados varían ligeramente según la fuente y la fecha de corte —533 según la JEP con corte al 30 de octubre, 521 según Indepaz citado por EFE—, lo que es habitual en registros de violencia con distintas metodologías de verificación. La calificación del Acuerdo de Paz como “mal hecho” y la atribución de responsabilidad a la “Paz Total” son valoraciones del ministro, y no una caracterización neutral de los hechos. Ninguna de las personas mencionadas ha sido declarada culpable de delito alguno en relación con este episodio, que se circunscribe al ámbito del debate político-institucional.