viernes, noviembre 20, 2026
ActualidadDestacadoNacional

La Fiscalía lleva ante la justicia las cuentas de la campaña de Carolina Corcho: dos antiguos responsables, bajo investigación por presuntas facturas falsas

Nelson Emiro Linares Zárate, exgerente de la campaña, y Héctor Ulises Ávila Cortés, vinculado al área administrativa y contable de una empresa proveedora, deberán comparecer ante un juez el próximo 2 de diciembre. La investigación se centra en documentos que supuestamente justificaban servicios logísticos que no se habrían prestado y que habrían sido utilizados para solicitar recursos por reposición de votos.

La financiación de la consulta interna del Pacto Histórico celebrada en octubre de 2025 ha entrado en una nueva fase judicial. La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente una audiencia de formulación de imputación contra dos personas relacionadas con la campaña de Diana Carolina Corcho Mejía, después de detectar presuntas irregularidades en la documentación presentada para justificar determinados gastos electorales.

Los señalados son Nelson Emiro Linares Zárate, quien ejerció como gerente de la campaña de la entonces precandidata presidencial, y Héctor Ulises Ávila Cortés, que desempeñaba funciones administrativas y contables en una empresa encargada de prestar servicios logísticos.

La investigación apunta a la posible utilización de facturas con información falsa para acreditar la contratación de servicios que, según la hipótesis del ente acusador, nunca se habrían realizado. Esos documentos habrían sido presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el propósito de respaldar los gastos declarados y tramitar la reposición de votos.

La Fiscalía ya radicó la solicitud ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá. La audiencia está programada para el próximo 2 de diciembre, fecha en la que se comunicará formalmente a los investigados la atribución de los hechos y los delitos que se les pretenden imputar.

La actuación está en manos de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que busca establecer qué papel habría desempeñado cada uno de los señalados en la elaboración, gestión y presentación de los documentos cuestionados.

Las facturas, en el centro de la investigación

El elemento principal de las pesquisas es la documentación contable que habría acompañado los informes de gastos de la campaña de Carolina Corcho.

Según la información comunicada por la Fiscalía y recogida por medios como El Espectador, Blu Radio e Infobae, las facturas investigadas contendrían datos sobre servicios que supuestamente fueron contratados y ejecutados durante la actividad electoral, pero que no habrían tenido una prestación real.

La cuestión que ahora deberán esclarecer los investigadores es cómo se elaboraron esos documentos, quién intervino en su expedición y qué relación existía entre las personas señaladas y la empresa proveedora de los servicios logísticos.

También será necesario determinar si los documentos llegaron efectivamente al CNE como soportes de los gastos electorales y si fueron utilizados para obtener algún reconocimiento económico con cargo a los mecanismos de financiación pública.

La Fiscalía considera que los hechos podrían encajar en tres conductas penales: falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

La primera se relaciona con la posible elaboración o utilización de documentos privados cuyo contenido no correspondería con la realidad. El fraude procesal se refiere a la eventual utilización de medios fraudulentos para inducir en error a una autoridad y conseguir una decisión contraria a derecho. La estafa, por su parte, exige acreditar los elementos de una conducta dirigida a obtener un beneficio económico mediante engaño.

No obstante, será el desarrollo del proceso el que permita establecer si esas conductas se produjeron y qué responsabilidad correspondería individualmente a cada investigado. La solicitud de imputación no equivale a una condena.

¿Qué se estaba eligiendo en aquella consulta?

Los hechos investigados se remontan a la consulta interna del Pacto Histórico celebrada el 26 de octubre de 2025, en la que participaron Diana Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, aunque la candidatura de este último tenía particularidades relacionadas con su situación electoral.

El objetivo de la votación era elegir al representante de la colectividad para competir en las elecciones presidenciales de 2026.

Los resultados oficiales recopilados por el Observatorio Electoral de la Registraduría muestran que Iván Cepeda obtuvo 1.541.012 votos, equivalentes al 65,1 % de los votos válidos. Carolina Corcho consiguió 679.155 sufragios, el 28,7 %, mientras que Daniel Quintero registró 145.577 votos, el 6,2 %.

La consulta reunió un total de 2.754.622 votantes, según el análisis publicado por la Registraduría.

La investigación actual no cuestiona por sí misma esos resultados electorales. Su objeto es examinar la documentación financiera y los gastos que se declararon durante la campaña de Corcho, particularmente aquellos que habrían servido para respaldar una solicitud de reposición de votos.

Esta distinción es importante: una cosa es el resultado de las urnas y otra la comprobación de que los gastos electorales declarados se correspondan con servicios realmente contratados y prestados.

Cómo funciona la reposición de votos

El sistema colombiano contempla mecanismos de financiación estatal para determinadas campañas electorales. Uno de ellos es la reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que se cumplan los requisitos legales y electorales correspondientes.

En términos generales, este procedimiento permite reconocer recursos públicos para cubrir gastos de campaña debidamente acreditados, dentro de los límites establecidos por las autoridades electorales.

El CNE explica que los candidatos y las organizaciones políticas deben presentar informes de ingresos y gastos mediante la plataforma Cuentas Claras. La documentación incluye formularios contables, anexos, soportes originales y los informes correspondientes de auditoría interna.

La Ley 1475 de 2011 establece, en su artículo 25, los plazos para presentar esos informes. Los candidatos deben entregar la información individual a la organización política que los avaló dentro del mes siguiente a la votación, mientras que las organizaciones deben presentar el consolidado ante el CNE dentro de los dos meses siguientes.

La reposición de votos no constituye, por tanto, una transferencia automática de dinero por el simple hecho de participar en una consulta. Deben cumplirse las condiciones legales, justificarse los gastos y respetarse los topes establecidos.

Precisamente por ello, la utilización de facturas que no correspondieran con servicios realmente prestados tendría relevancia para la investigación: los soportes contables son una parte esencial del procedimiento de comprobación de los gastos electorales.

La Silla Vacía había explicado, antes de la consulta de octubre de 2025, que para esa jornada el valor de reposición se había fijado en 2.555 pesos por voto. Ese mecanismo estaba sujeto a los límites legales y a la justificación de los gastos realizados.

Una investigación que comenzó meses atrás

La solicitud de imputación conocida el 20 de noviembre no representa el inicio de las pesquisas. La Fiscalía ya había puesto el foco en las cuentas de las campañas de Carolina Corcho e Iván Cepeda durante los meses anteriores.

El 21 de septiembre de 2026, El Espectador informó de que el ente investigador había citado a interrogatorio a los gerentes y contadores de ambas campañas. Las diligencias se enmarcaban en una investigación destinada a comprobar si los ingresos, aportes, créditos y gastos registrados ante el CNE coincidían con los movimientos financieros y la contabilidad real.

En el caso de Corcho, las personas llamadas a responder fueron Nelson Emiro Linares Zárate, como gerente, y los responsables contables relacionados con la campaña. En el equipo de Iván Cepeda también fueron convocados su gerente, Carlos Saúl Garzón Urrea, y la contadora Sandra Yurany López Cortés.

La investigación sobre las cuentas de ambas campañas tenía, por tanto, un alcance más amplio que el episodio concreto de las facturas que ahora se atribuyen a los dos investigados.

El objetivo inicial era verificar la correspondencia entre los gastos declarados, los servicios contratados, los aportes recibidos y los créditos registrados. Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía ha anunciado ahora una solicitud de imputación específicamente dirigida contra Linares Zárate y Ávila Cortés.

Esto no significa que todas las personas que fueron citadas a interrogatorio estén investigadas por los mismos hechos o que exista una imputación contra todos los responsables de las dos campañas.

La campaña defendió anteriormente la legalidad de sus cuentas

Los señalamientos sobre la financiación de la consulta ya habían provocado una respuesta pública de los responsables de la campaña de Carolina Corcho.

En enero de 2026, los gerentes general y administrativo de la campaña rechazaron las acusaciones de posibles irregularidades y defendieron que se habían entregado los documentos y soportes exigidos por el Consejo Nacional Electoral a través de la plataforma Cuentas Claras.

En su pronunciamiento, aseguraron que los servicios contratados durante la contienda habían sido necesarios para el desarrollo de las actividades electorales y que fueron prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos.

También afirmaron que los movimientos económicos habían sido registrados de acuerdo con los procedimientos establecidos y que los informes estaban disponibles para la revisión de las autoridades competentes.

Esa respuesta constituye la posición que la campaña trasladó públicamente en aquel momento. La nueva actuación de la Fiscalía obliga a examinar los documentos concretos que ahora están bajo sospecha, pero no permite concluir que todas las cuentas de la campaña fueran irregulares ni que Carolina Corcho haya cometido delito alguno.

Tampoco debe confundirse la responsabilidad política de una candidatura con la eventual responsabilidad penal de quienes desempeñaban funciones de gestión, administración o contabilidad.

La investigación sobre las cuentas de Iván Cepeda tiene un recorrido diferente

La revisión de la financiación de la consulta del Pacto Histórico también ha alcanzado a la campaña de Iván Cepeda, que resultó ganadora en octubre de 2025.

Sin embargo, las actuaciones relacionadas con ambas campañas no deben mezclarse. En el caso de Cepeda, La Silla Vacía informó de que la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa para examinar determinados aspectos de la financiación de la consulta.

Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de abrir una investigación administrativa sobre los aportes cuestionados de Samat Publicidad S.A.S. y Javier Antonio Pérez Páez, según la información recogida por ese medio. La decisión concluyó que no estaba acreditado que esos recursos fueran donaciones encubiertas.

Ese antecedente demuestra que las comprobaciones sobre la financiación de una misma consulta pueden seguir caminos distintos y terminar en decisiones diferentes según los documentos y las pruebas examinadas.

La solicitud de imputación contra dos personas vinculadas a la campaña de Corcho se refiere a una hipótesis concreta sobre facturas y servicios presuntamente inexistentes. No constituye una resolución general sobre la financiación de todo el Pacto Histórico.

El 2 de diciembre, una fecha clave para conocer los cargos

La audiencia programada para el próximo 2 de diciembre permitirá conocer formalmente los hechos que la Fiscalía atribuye a Nelson Emiro Linares Zárate y Héctor Ulises Ávila Cortés.

Durante la diligencia, el fiscal deberá exponer la hipótesis delictiva y comunicar los cargos que pretende formular. Los investigados podrán ejercer su defensa y contar con asistencia jurídica.

También habrá que comprobar si la audiencia se desarrolla en la fecha prevista y si se producen decisiones posteriores sobre medidas de aseguramiento u otras solicitudes de las partes.

Por ahora, la información disponible no permite afirmar que los dos señalados hayan sido condenados ni que se haya demostrado judicialmente la existencia de un fraude electoral. Lo que existe es una investigación penal y una solicitud formal para que comparezcan ante un juez.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles sobre el dinero que reciben y gastan las campañas políticas. La transparencia electoral no depende únicamente de que los candidatos presenten informes, sino de que cada gasto pueda justificarse mediante documentos auténticos y servicios efectivamente prestados.

La Fiscalía busca determinar si se intentó obtener financiación pública mediante soportes que no reflejaban operaciones reales. La respuesta definitiva dependerá de las pruebas que se presenten ante la justicia y de las decisiones que adopten los jueces. Hasta entonces, la presunción de inocencia debe mantenerse para todas las personas señaladas.

Fuentes consultadas y contraste

¿Quieres comentar esta noticia?

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.