La interventora del Hospital de San Andrés alerta de que los fondos para los Equipos Básicos de Salud no aparecen en las cuentas.

La interventora del Hospital de San Andrés alerta de que los fondos para los Equipos Básicos de Salud no aparecen en las cuentas

La revisión financiera ordenada tras la intervención de la Supersalud concluye que los recursos asignados al programa EBS no están disponibles «en la cuantía requerida» para pagar a los contratistas. La agente especial, Marjorie Englehard, sostiene que las deudas se originaron antes de su llegada, mientras el hospital arrastra un historial de desabastecimiento, impagos y equipos médicos almacenados sin usar

Una nueva alerta financiera se cierne sobre el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La agente especial interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud, Marjorie Englehard Archbold, ha informado de que los recursos asignados al programa Equipos Básicos de Salud (EBS) no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. “en la cuantía requerida para atender las obligaciones pendientes”. La situación, según la información difundida por El Espectador, Blu Radio y Noticias RCN, afecta a los pagos comprometidos con los contratistas que prestan este servicio en el archipiélago, y ha sido puesta en conocimiento de la Superintendencia y del Ministerio de Salud.

La propia interventora ha precisado que los compromisos económicos identificados corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención, que se formalizó el pasado 16 de octubre de 2026. “Estas deudas no se originaron durante la intervención, pero vamos a acompañar su solución con transparencia y dentro de la ley”, ha declarado Englehard, quien ha descartado ofrecer pagos “sin el respaldo de los recursos”. La revisión financiera en curso busca reconstruir el recorrido de esos fondos: cuánto recibió la institución, qué valores se ejecutaron, qué pagos se realizaron y qué saldos permanecen pendientes.

Un historial de crisis que precede a la intervención

El hallazgo de la interventora no es un episodio aislado, sino la constatación de un deterioro que el hospital venía arrastrando desde hace meses. En abril de 2026, la Defensoría del Pueblo intervino como mediadora ante la asamblea permanente convocada por el sindicato de trabajadores de la salud, que denunció el desabastecimiento de insumos médicos básicos y una mora salarial de aproximadamente dos meses. Según la información recogida por la Defensoría, el propio gerente del centro explicó entonces que los retrasos en los pagos se debían a giros pendientes de la Nueva EPS.

La situación de los especialistas ha sido especialmente crítica. De acuerdo con Teleislas, al cierre de agosto de 2026 los médicos especialistas seguían reclamando el pago de sus honorarios, y la deuda correspondiente a la vigencia 2015 ascendía a 1.700 millones de pesos. Esta acumulación de obligaciones impagadas, según la información disponible, ha erosionado la capacidad del hospital para sostener los Equipos Básicos de Salud, que son el primer nivel de atención para muchas comunidades del archipiélago.

Equipos sin usar, servicios inoperativos y una intervención en marcha

El deterioro financiero se ha visto acompañado de graves deficiencias asistenciales que motivaron la intervención de la Supersalud. Según los hallazgos recogidos por Caracol Radio y el Ministerio de Salud, de los 59 servicios habilitados, 13 no se estaban prestando, y se documentaron 3.676 estudios radiológicos pendientes de lectura, además de dificultades para garantizar especialidades como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología. El Ministerio de Salud ha anunciado la conformación de un equipo forense para revisar la contratación, y ha advertido de la existencia de equipos médicos almacenados y deteriorándose y de posibles nóminas paralelas.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, ha sido tajante al respecto: “Cada contrato, cada factura, cada peso. Los recursos de la salud son para atender pacientes, pagar al talento humano, comprar medicamentos y garantizar que los servicios funcionen”. La funcionaria ha subrayado que la intervención “no puede quedarse en cambiar una administración por otra” y debe traducirse en resultados concretos para los habitantes de San Andrés.

El futuro inmediato: mesa de diálogo y revisión de cuentas

Con el objetivo de despejar la incertidumbre, la interventora ha convocado una mesa de diálogo para el 9 de noviembre en la sede del hospital, en la que participarán las coordinadoras del programa EBS para revisar el estado de las cuentas y avanzar en una ruta de solución. El hospital, según ha ratificado Englehard, continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes “conforme avance el proceso de verificación financiera”. Por ahora, lo que los datos oficiales confirman es que los recursos del programa EBS no están donde deberían estar, y que la institución que atiende a la población del archipiélago afronta una de sus crisis financieras más delicadas de los últimos años.