La JEP dicta su tercera sentencia por ‘falsos positivos’: cinco exmilitares pagarán casi 30 años de trabajos restaurativos por 35 víctimas en Dabeiba.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha emitido su tercera sentencia restaurativa y la primera que aborda de forma directa el fenómeno de los ‘falsos positivos’ en el noroccidente de Antioquia. El tribunal de paz condenó este viernes, 13 de noviembre, a cinco exintegrantes del Ejército colombiano a un total de casi treinta años de trabajos restaurativos por su responsabilidad en 18 hechos criminales que dejaron 35 víctimas de asesinato y desaparición forzada, civiles que fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. La decisión, según la información recabada por este periódico, constituye un hito en la justicia transicional colombiana porque, por primera vez, una sentencia de la JEP se centra en el denominado ‘Cementerio Las Mercedes’ de Dabeiba, uno de los lugares más emblemáticos del horror de los ‘falsos positivos’.

Los condenados: tres oficiales y dos suboficiales con distintos grados de responsabilidad

Los cinco exmilitares, todos retirados de la institución, fueron identificados por el tribunal como Edie Pinzón Turcios (coronel), Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (mayor), Efraín Enrique Prada Correa (mayor), Jaime Coral Trujillo (sargento primero) y William Andrés Capera Vargas (sargento segundo). Según la sentencia difundida por la JEP y recogida por medios como El Espectador, Semana y El País, cada uno recibió una ‘sanción propia’ —el modelo de castigo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016 que no implica cárcel pero sí restricciones efectivas de derechos y libertades— con duraciones que oscilan entre los cinco años y medio y los seis años y medio.

El desglose exacto, de acuerdo con el fallo, es el siguiente: Pinzón Turcios, comandante de la compañía B – Bravo del Batallón de Contraguerrillas No. 26 entre enero de 2002 y julio de 2003, fue condenado a seis años y dos días como coautor indirecto de desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato. Alvarado Sáchica, capitán y comandante de esa misma compañía entre octubre de 2000 y enero de 2003, recibió seis años y seis meses como coautor. Prada Correa, mayor y comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79 entre diciembre de 2005 y octubre de 2006, fue sancionado con seis años, seis meses y diez días como coautor. Coral Trujillo, sargento segundo y posteriormente sargento viceprimero, con desempeño en el Batallón de Infantería No. 1 y en el Batallón de Contraguerrillas No. 79, deberá cumplir cinco años, seis meses y diez días como coautor de desaparición forzada y homicidio, y como cómplice en otros hechos. Finalmente, Capera Vargas, cabo primero y luego sargento segundo del Batallón de Contraguerrillas No. 79, recibió cinco años, ocho meses y 25 días como coautor.

Los tres patrones criminales que reveló la investigación

La sentencia no se limita a individualizar responsabilidades; también reconstruye el modus operandi de la unidad militar y los patrones que hicieron posible la victimización sistemática. Según la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, cuyo ponente fue el magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, los crímenes se cometieron bajo tres modalidades diferenciadas.

El primero de los patrones, de acuerdo con el fallo, consistió en el homicidio de campesinos de la región que fueron estigmatizados o señalados falsamente como colaboradores de la guerrilla. Esos crímenes, supuestamente, se cometieron en el contexto de una alianza criminal entre integrantes de las unidades del Ejército presentes en la zona y grupos paramilitares, un extremo que la sentencia recoge como parte de la reconstrucción de los hechos.

El segundo patrón afectó a personas que no eran de Dabeiba. Según la investigación de la JEP, fueron trasladadas mediante engaños desde el municipio de Turbo y desde la ciudad de Medellín hasta Dabeiba, donde fueron asesinadas y presentadas como resultados operacionales de las unidades militares. El caso de Óscar Chaverra, recogido por El Nuevo Siglo, es uno de los ejemplos citados en la sentencia: fue engañado y trasladado desde Medellín a Dabeiba, donde lo asesinaron y desaparecieron por años, hasta que su familia recuperó sus restos durante el juicio contra los exmilitares.

El tercer patrón, según el tribunal, fue la desaparición forzada mediante el ocultamiento sistemático de cuerpos en cementerios municipales, en particular el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, y el cementerio municipal de Ituango. Ese modus operandi, supuestamente, permitió que durante años las familias no pudieran encontrar a sus seres queridos ni acceder a la verdad sobre lo ocurrido.

El Cementerio Las Mercedes: 77 cuerpos recuperados y la verdad como precio de la sanción

El caso conjunto 03 y 04 de la JEP, conocido como ‘Cementerio Las Mercedes de Dabeiba’, tiene una particularidad que lo distingue de otros procesos: según ha destacado la propia jurisdicción, la sentencia se construyó en su mayoría a partir de las confesiones de verdad de los comparecientes. Los aportes de los cinco exmilitares permitieron recuperar en el cementerio Las Mercedes los cuerpos de 77 víctimas de ejecución extrajudicial. De esos 77 cuerpos, de acuerdo con los datos facilitados por la JEP, 18 ya han sido plenamente identificados y 17 han sido entregados dignamente a sus familias.

Ese resultado, según la vicepresidenta de la JEP, la magistrada Diana Vega Laguna, es la prueba de que la justicia restaurativa produce efectos concretos: “Cada identificación significa una transformación profunda, una familia que obtiene respuestas”, afirmó durante la lectura de la sentencia. La propia Vega subrayó que “la verdad permitió saber qué ocurrió” y que “el reconocimiento exigió asumir responsabilidad”, y añadió que las sanciones propias “abren ahora una etapa de cumplimiento verificable junto a las víctimas, las comunidades y los territorios”.

Las sanciones: nueve proyectos restaurativos hasta 2034

El cumplimiento de las sanciones no se limita a una restricción de derechos. Según el cronograma fijado en la sentencia y recogido por El País, los cinco condenados deberán desarrollar nueve proyectos restaurativos en distintos municipios de Antioquia, con una ejecución que se extenderá desde diciembre de 2026 hasta octubre de 2034. Durante ese periodo, de acuerdo con el fallo, deberán cumplir sus actividades de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, con una hora de almuerzo.

Los proyectos, según la información difundida por la JEP, se agrupan en cinco categorías: búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acción integral contra minas antipersonal (desminado humanitario), memorialización y dignificación de las víctimas, infraestructura rural (reconstrucción de caminos y puentes, incluida una intervención en la Terminal de Transportes del Norte de Medellín) y proyectos productivos y agrícolas. Además, según El País, los condenados deberán participar en una intervención integral en el cementerio Las Mercedes, el lugar donde los cuerpos de las víctimas fueron ocultados sistemáticamente.

Antes de la sentencia, los cinco exmilitares ya habían participado en trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR) anticipados, entre ellos iniciativas de educación sobre el riesgo de minas antipersonal, recuperación ambiental, mejoramiento de escuelas y vías, formación en género y construcción de murales de memoria. Según la JEP, esos trabajos constituyen un antecedente de las medidas de reparación que ahora deberán cumplir bajo supervisión judicial.

“La sanción propia no es impunidad”: la defensa del modelo de justicia transicional

Consciente de las críticas que recibe la JEP por la laxitud de sus condenas —que no incluyen cárcel—, el magistrado ponente, Juan Ramón Martínez Vargas, salió al paso de las objeciones en la propia sentencia. Según recoge El País, Martínez Vargas afirmó: “La sanción propia no es impunidad; es el corazón del modelo de justicia transicional nacido del Acuerdo de Paz”. El magistrado subrayó que ese modelo “está consagrado constitucionalmente, desarrollado en una ley estatutaria y sostenido en los estándares internacionales de responsabilidad del Estado y del individuo”.

Esa defensa se produce en un momento especialmente delicado para la JEP. Según ha informado este periódico, el tribunal de paz afronta un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella, y en el Congreso avanza una reforma constitucional que busca cerrar la JEP en 2028. Las críticas, supuestamente, se centran en que un tribunal que juzga crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no imponga penas de prisión, lo que ha obligado a la jurisdicción a explicar de forma permanente la naturaleza de su modelo: condenas restaurativas pactadas con las víctimas a cambio de verdad.

El contexto: de las 6.402 a las 7.837 víctimas de ‘falsos positivos’

La sentencia de Dabeiba se inscribe en un universo de violencia mucho mayor. Según los datos actualizados por la propia JEP y difundidos por Radio Nacional de Colombia y El Espectador, la cifra de víctimas de ‘falsos positivos’ en Colombia no es de 6.402, como se había documentado durante años, sino de al menos 7.837 ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado entre 1990 y 2016, con un pico entre 2002 y 2008, durante los gobiernos de Álvaro Uribe. La actualización de la cifra, de acuerdo con la jurisdicción, responde a la ampliación de la investigación y a la incorporación de nuevos casos documentados.

Ese fenómeno, según la definición recogida por Infobae, consistía en el asesinato de civiles por parte de agentes del Estado que posteriormente presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para hacer pasar los crímenes como resultados de operaciones militares. La práctica, supuestamente, estaba motivada por la presión por mostrar resultados operacionales y por incentivos institucionales, y se concentró en departamentos como Antioquia, donde la presencia de grupos paramilitares y la estigmatización de la población civil crearon el caldo de cultivo para la victimización sistemática.

El camino recorrido: una tercera sentencia que no cierra la herida

La de este viernes es la tercera sentencia restaurativa de la JEP desde su creación. Las dos anteriores, según La Silla Vacía, se dirigieron a exmiembros del antiguo secretariado de las FARC y se emitieron hace poco más de un año. La de Dabeiba es, por tanto, la primera que aborda de forma directa la responsabilidad de agentes del Estado en el fenómeno de los ‘falsos positivos’ en una región concreta, y la primera que lo hace a partir de las confesiones de los propios comparecientes.

Supuestamente, el impacto de esta sentencia trasciende el caso concreto. Según la magistrada Vega, el horizonte de la decisión es “aportar a la no repetición, la reconciliación y la paz”, y según Esneda Altamirano, tía de una víctima presentada falsamente como guerrillero, cuyo testimonio fue proyectado durante la lectura del fallo, “la paz no consiste en que Colombia olvide lo que pasó, consiste en que tenga el valor de reconocerlo”. Esa frase, de acuerdo con la información disponible, resume el espíritu de un fallo que no devuelve la vida a las 35 víctimas de Dabeiba, pero que al menos les devuelve sus nombres, sus cuerpos y una parte de la verdad que durante años les fue negada.

Nota de la redacción: La información contenida en esta noticia se ha elaborado a partir de la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) difundida el 13 de noviembre de 2026, así como de las informaciones publicadas por El Espectador, Semana, El País, Infobae, Cambio Colombia, La Silla Vacía, Euronews, El Heraldo, El Nuevo Siglo, Notimerica, Radio Nacional de Colombia y La FM. Dado que se trata de una sentencia en fase de cumplimiento y que el proceso de identificación de los 77 cuerpos recuperados en el cementerio Las Mercedes continúa abierto, algunos extremos —como el número definitivo de víctimas plenamente identificadas, la evolución de los proyectos restaurativos o el impacto real de las medidas de reparación en las comunidades afectadas— deben ser contrastados con las actualizaciones que en su momento hagan públicas la JEP y las autoridades competentes. Las afirmaciones atribuidas a los magistrados y a los comparecientes son declaraciones públicas recogidas en la sentencia y en los actos de lectura del fallo, y no constituyen hechos probados adicionales más allá de lo que la propia resolución judicial establece. Se recuerda, asimismo, que los condenados han reconocido su responsabilidad ante la JEP y que las sanciones impuestas son las previstas en el modelo de justicia transicional pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.