La JEP entra en modo austeridad: su nuevo presidente anuncia recortes en contratos, sedes y protección a víctimas por el ajuste de $170.000 millones.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. El magistrado Danilo Rojas Betancourth asumió la presidencia del tribunal para el periodo 2026-2028 con un desafío mayúsculo: aplicar un recorte presupuestal de $170.000 millones** que, **según la información oficial difundida por la propia entidad y confirmada por medios como EFE y Cambio Colombia**, reducirá la asignación para 2027 de **$821.803 millones a $651.803 millones.
En su discurso de posesión, Rojas fue enfático al señalar que el ajuste “obliga a una reestructuración sustancial de la JEP” y que el nuevo plan estratégico se regirá por un criterio pragmático: “hacer más con menos, menos tiempo, menos recursos”. El magistrado no ocultó la gravedad del escenario: según sus propias palabras, la afectación a la capacidad operativa “pone en riesgo grave e inminente” no solo la culminación oportuna de las investigaciones y sanciones contra los máximos responsables de los peores crímenes, sino “especialmente ofrecer un tratamiento distinto a las víctimas”.
Las tres medidas que redefinirán a la JEP
Para materializar el ajuste, la presidencia de la JEP anunció un paquete de medidas que, de acuerdo con lo expuesto por Rojas y recogido por múltiples medios, buscan generar ahorros cercanos a los $146.000 millones. Estas son:
- Entrega de la sede principal: En marzo de 2027, la JEP devolverá el edificio que ocupa actualmente. Pasará de una sede de 15.000 metros cuadrados a una de 4.200 metros cuadrados, lo que representará un ahorro estimado de $26.000 millones anuales y obligará a implementar el trabajo virtual como regla y un modelo de ocupación rotativa.
- Reducción drástica de contratos: Se recortará el 85% de los contratos de prestación de servicios, lo que supone un ajuste de aproximadamente $83.000 millones. Según advirtió el propio Rojas, esta medida pone en “serio e inminente riesgo” la actividad misional de la JEP, ya que esos contratos cubrían defensa técnica, apoyo psicosocial y encuentros restaurativos.
- Ajuste a los esquemas de protección: Se reducirán los esquemas de seguridad de magistrados, fiscales y del secretario ejecutivo —este último prescindirá del suyo—. Además, y “muy a su pesar”, se modificarán y reducirán los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes, lo que generará un ahorro cercano a los $37.000 millones anuales. Ante la sensibilidad de esta decisión, Rojas anunció que pedirá al Gobierno Nacional asumir esa responsabilidad.
El contexto político: un recorte que no nació en la JEP
El ajuste no es una decisión autónoma del tribunal. Según lo reportado por El Nuevo Siglo y otros medios, el Congreso de Colombia aprobó en primer debate, el pasado 23 de septiembre, un recorte presupuestal de $170.000 millones para la JEP, impulsado por sectores políticos que alegan estrechez fiscal y un déficit del 9,8% del PIB. Los senadores Carlos Meisel y Enrique Gómez, promotores de la iniciativa, sostienen que todas las entidades del Estado deben ajustar sus gastos.
La medida ha generado un fuerte debate. De acuerdo con la información disponible, el anterior presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y otros magistrados advirtieron que el recorte generaría un déficit superior a los $184.000 millones para continuar operando. En el Congreso, voces como la del senador Hernán Cadavid (Centro Democrático) han cuestionado la gestión de la entidad, mientras que la senadora Carolina Corcho ha denunciado que “el mismo presupuesto le recorta la inversión a la JEP y se la aumenta a la Justicia Penal Militar”.
En medio de la polémica, la representante María Clara Posada respaldó públicamente los ajustes anunciados por Rojas. Según publicó Infobae y Semana, Posada destacó medidas como la devolución del edificio, el recorte del 85% de los contratos y la reducción de los esquemas de seguridad, y cuestionó la gestión del anterior presidente, Alejandro Ramelli.
“Que cesen los ataques desinformados”
Más allá de las cifras, el nuevo presidente de la JEP aprovechó su posesión para lanzar un mensaje político. Según recogió EFE, Rojas hizo “un llamado a que cesen los ataques contra ese tribunal transicional” y afirmó: “Necesitamos que cesen los ataques desinformados contra la JEP”.
A pesar del entorno “social y político adverso, incluso hostil” que, según su percepción, rodea a la jurisdicción, el magistrado se comprometió a que la JEP “cumplirá con sus responsabilidades”. “Mientras quede en pie al menos un juez o una jueza en la JEP, se hará cumplir con independencia, imparcialidad, prudencia y templanza el acuerdo final de paz”, sentenció.
Las incógnitas que deja el ajuste
La pregunta que sobrevuela, según coinciden analistas consultados, es si la combinación de un recorte de casi el 21% del presupuesto, la pérdida de la sede, la drástica reducción de contratistas y el debilitamiento de los esquemas de protección permitirá a la JEP cumplir con los plazos que le exige el acuerdo de paz y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de las víctimas y los testigos que dependen de ella. Supuestamente, como advirtió el propio Rojas, el riesgo no es solo de eficiencia administrativa, sino de que la justicia transicional pierda la capacidad de ofrecer un tratamiento diferenciado a quienes más lo necesitan. El tiempo y la ejecución de estas medidas lo dirán.