La Supersalud impone medida cautelar a EPS Sanitas por el colapso en la entrega de medicamentos en Bogotá.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha impuesto una medida cautelar a EPS Sanitas tras constatar supuestamente fallas generalizadas en la dispensación de medicamentos, que se han traducido en demoras de hasta seis horas y entrega incompleta de fármacos en diversos puntos de Bogotá. La decisión, adoptada en la noche del martes 11 de noviembre, obliga a la entidad a adoptar «de manera inmediata» todas las acciones necesarias para evitar que se pongan en riesgo los tratamientos y su continuidad, según la información difundida por El Espectador.
La medida cautelar no se limita a una simple amonestación. Según el comunicado de la Supersalud, la EPS deberá presentar un plan de acción con avances concretos para atender los reclamos por la falta de entrega de medicamentos y remitir un informe detallado de cada caso, incluyendo el estado del reclamo, la fecha de entrega efectiva y los soportes de las actuaciones adelantadas. Asimismo, la orden establece supuestamente una respuesta inmediata para los casos clasificados como de riesgo vital y para los usuarios con protección reforzada, como adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres gestantes.
El origen del colapso: el cambio de gestor farmacéutico
El detonante de la crisis se remonta al 1 de noviembre de 2026, cuando Colsubsidio asumió supuestamente la dispensación de medicamentos para los afiliados de Sanitas en Bogotá, en reemplazo de Cruz Verde. El cambio de operador provocó una congestión inmediata en los puntos de entrega, con acumulación de solicitudes y un aluvión de reclamaciones de pacientes que requerían tratamientos permanentes. Según los hallazgos de la Secretaría Distrital de Salud, en uno de los puntos de dispensación los usuarios debían soportar esperas de hasta seis horas: cuatro horas formados en las escaleras del establecimiento y dos horas adicionales en la sala de espera, mientras que en un segundo punto la demora promedio rondaba las tres horas. La autoridad distrital también advirtió supuestamente que varias ventanillas permanecían cerradas a pesar de las largas filas, lo que reducía la capacidad de atención y agravaba la congestión.
Las consecuencias para los pacientes han sido según la información especialmente graves para quienes dependen de medicamentos de suministro continuo. De acuerdo con los testimonios recogidos por CityTV, algunos usuarios llevaban hasta 15 días intentando reclamar sus fármacos sin éxito, y otros se habían visto obligados a comprarlos por su cuenta, desembolsando sumas cercanas a los 260.000 pesos por tratamientos que apenas cubrían un mes. La Defensoría del Pueblo había alertado supuestamente de una tendencia preocupante: entre enero de 2025 y marzo de 2026 se registraron más de 1.000 quejas asociadas a la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos y más de 600 relacionadas con demoras en citas médicas especializadas, concentradas en buena medida en EPS Sanitas.
La respuesta de las autoridades y de la EPS
La reacción institucional ha sido supuestamente escalonada. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá fue la primera en mover ficha: tras las visitas de inspección, exigió a Sanitas y a Colsubsidio un plan de choque inmediato y advirtió de que los establecimientos inspeccionados incumplían las condiciones de capacidad logística y atención establecidas en la Resolución 1809 de 2025. La Supersalud, por su parte, desplegó equipos técnicos y científicos en los puntos de dispensación para verificar los tiempos de entrega, la disponibilidad de medicamentos y la calidad de la atención, y el 6 de noviembre celebró una mesa de trabajo con la EPS en la que se le exigió actualizar semanalmente las bases de datos de los afiliados que aún no habían recibido sus fármacos.
La propia EPS Sanitas ha reconocido supuestamente la gravedad de la situación y ha activado un plan de contingencia que contempla la entrega prioritaria de medicamentos a domicilio en un plazo máximo de 48 horas, la atención preferencial para adultos mayores y personas con movilidad reducida, la priorización de pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, psiquiátricas, VIH e insulinodependencia, y la redistribución de usuarios hacia otros puntos habilitados. Según la información difundida por la Superintendencia, para el 6 de noviembre la EPS había reportado un nivel de dispensación del 84%, correspondiente a 60.799 fórmulas atendidas, aunque los usuarios seguían denunciando dificultades para acceder a sus tratamientos.
Un historial de tensiones regulatorias
La medida cautelar se produce supuestamente en un contexto de fragilidad institucional para EPS Sanitas. La entidad fue intervenida por la Supersalud en abril de 2024, una decisión que fue prorrogada en 2025 y que finalmente fue anulada por la Corte Constitucional en junio de 2025, que consideró que la actuación de la Superintendencia carecía de fundamentos jurídicos y vulneraba el debido proceso. A ello se suma según la información el fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la posesión e intervención forzosa de Sanitas, lo que ha reconfigurado el mapa de supervisión sobre la entidad.
Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial de la Superintendencia Nacional de Salud que cuantifique de manera definitiva el alcance de la medida cautelar ni que confirme un plazo específico para su levantamiento, por lo que las cifras de afectación y las causas atribuidas al colapso deben considerarse según la información proporcionada por las autoridades sanitarias y los medios que han tenido acceso a los documentos oficiales.
