La paz que no llega al territorio: la advertencia de la Defensora del Pueblo a diez años del Acuerdo.
A pocos días de que se cumpla una década de la firma del Acuerdo Final con las extintas FARC, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, trazó un balance agridulce de su implementación: reconoció avances en la reducción de la pobreza multidimensional en las zonas más golpeadas por el conflicto, pero advirtió que la principal deuda del Estado sigue siendo la igualdad territorial. Según la información disponible y los reportes de medios como Noticias Caracol y Blu Radio, el diagnóstico de Marín no solo expone una brecha histórica entre el centro y la periferia, sino que supuestamente advierte sobre un riesgo latente: la ausencia de una presencia integral del Estado en esos territorios ha sido el caldo de cultivo para que grupos armados ilegales ocupen los espacios dejados por la guerrilla desmovilizada.
El pronunciamiento de la jefa del Ministerio Público se produce en el marco de la preparación del evento ’10 años del acuerdo de paz. Audiencia defensorial. La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional’, en el que la entidad presentará un informe elaborado a partir de fuentes oficiales, información institucional y encuentros directos con víctimas, comunidades y firmantes de paz. La intervención de Marín, de acuerdo con la información difundida, se centró en el punto uno del Acuerdo, el de la Reforma Rural Integral, y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad en 170 municipios priorizados por sus altos índices de pobreza, violencia y cultivos ilícitos.
«Yo creo que el desarrollo territorial integral es una deuda del país con el acuerdo final de paz y con la paz en Colombia… Esas zonas que son las que se priorizaron por el cultivo ilícito, violencia y la pobreza tienen mayor incidencia que en zonas urbanas. Para mí, la mayor deuda es la igualdad territorial», habría afirmado Marín en entrevista con Noticias Caracol. La funcionaria reconoció que la pobreza multidimensional disminuyó de manera importante en esas 16 zonas focalizadas en los últimos años, pero insistió en que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para transformar las condiciones estructurales de esos territorios.
La advertencia de la Defensora no es un diagnóstico aislado. Según los informes oficiales de la Contraloría General de la República, la reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está desfinanciada en un 83,6 % para el año 2026. De los $121.858 millones de pesos que se requieren para el componente restaurativo y reparador de esas sentencias, solo hay disponibles $20.000 millones, lo que deja un faltante de $101.858 millones que, supuestamente, pondría en riesgo el derecho a la reparación de las víctimas y podría comprometer la responsabilidad del Estado. La Contraloría también identificó que de los bienes comprometidos por las FARC para la reparación, solo fueron monetizados USD 448.500 dólares, ya que USD 1.500 resultaron falsos.
En la misma línea, un análisis del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM), citado por El País, señala que Colombia duplica sus víctimas, pero no los recursos para repararlas. El Registro Único de Víctimas cuenta con 10,2 millones de personas registradas, diez veces lo presupuestado cuando nació la Ley 1448 de 2011, y desde 2016 se han asesinado a 1.800 líderes sociales. El informe también advierte sobre rezagos graves en la reparación de víctimas de violencia sexual, pueblos indígenas y población LGBTIQ+, y alerta sobre una política de víctimas «desactualizada» que se queda corta frente a la realidad actual del país.
Marín, sin embargo, también destacó los avances. De acuerdo con sus declaraciones, más de 13.000 personas dejaron las armas y alrededor de 11.000 continúan hoy en procesos de reincorporación, pese a las difíciles condiciones de seguridad. «La abrumadora mayoría de quienes estuvieron en armas hoy le siguen apostando a la paz», habría señalado la Defensora, quien recordó que el Acuerdo es una obligación constitucional y no solo un mandato político, y que su implementación contribuiría a resolver desafíos pendientes en materia de género y con los pueblos étnicos.
El llamado de la Defensora también tuvo un destinatario claro: los antiguos integrantes de las FARC. Según Blu Radio, Marín insistió en que, aunque la mayoría del antiguo secretariado dejó las armas y compareció ante la JEP, deben demostrar mayor respeto por las víctimas y la justicia. «Ellos tienen que mostrarse más respetuosos de las víctimas, del dolor de las víctimas y de la justicia», habría manifestado, al tiempo que cuestionó que las sanciones restaurativas pierdan su carácter restrictivo y que «lo mínimo es que usen brazalete, lo mínimo es que tengan unos horarios».
La pregunta de fondo, según coinciden las fuentes consultadas, es si el Estado colombiano está dispuesto a saldar la deuda que la propia Defensora del Pueblo ha identificado como la más urgente. Mientras el desarrollo territorial sigue siendo una promesa incumplida en los 170 municipios PDET y la reparación de las víctimas enfrenta un déficit que supera el 80 % en los casos ya fallados por la JEP, el mensaje de Marín, supuestamente, resuena como una advertencia: ninguna estrategia de seguridad será sostenible mientras no haya desarrollo integral en los territorios, y ninguna paz será duradera si las víctimas siguen esperando.
