Los inmigrantes indocumentados serán expulsados por sus caseros británicos
La nueva ley de Inmigración penalizará a los caseros que no expulsen a los inmigrantes indocumentados en el Reino Unido.
La nueva ley obligará a los caseros británicos a expulsar de su vivienda a los inquilinos que carezcan de derecho de residencia, o este haya expirado, sin necesidad de una autorización judicial y bajo amenaza de sanciones que contemplan hasta una pena de cinco años de cárcel, esta medida, que será introducida en la nueva ley de Inmigración del Gobierno de David Cameron esgrime la mano dura como respuesta a la crisis migratoria de Calais (Francia), que amenaza con desbordar a su administración.
“Las calles del Reino Unido no están pavimentadas de oro”, ha manifestado la ministra del Interior británico, Theresa May, en una frase que resume los intentos de su Gobierno de disuadir a los inmigrantes hacinados en el puerto francés de Calais de intentar acceder clandestinamente a Reino Unido a través del Eurotúnel. El paquete legislativo contra la inmigración irregular anunciado por el Gobierno británico el pasado mayo, que entre otros convertirá en delito dar empleo a los indocumentados, va a ser reforzado con la introducción de duras sanciones a los propietarios de inmuebles que alquilen pisos a los sin papeles, confirmó el ministro de Comunidades, Greg Clark, los caseros deberán asegurarse de que no alquilan sus inmuebles a personas que no puedan demostrar su derecho de residencia. En el caso de que los inquilinos pierdan ese derecho, les caduque el visado o les sea denegada la petición de asilo, podrán ser expulsados en algunos casos sin necesidad de una autorización judicial que hasta ahora era preceptiva. El Ministerio del Interior comunicará a quienes arrendan pisos los nombres de aquellos inquilinos que no tienen derecho a permanecer en el país, conminándoles a expulsarlos bajo amenaza de sanciones a quien incumpla la medida.
El ministro Clark aseguró que la medida pretende “combatir a los caseros que se enriquecen con la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración”. La crisis migratoria inquieta también al mundo empresarial, que afronta un drástico aumento de los costes al verse forzadas las compañías a buscar rutas alternativas y mucho más caras para transportar sus productos al otro lado del Canal.
