La Comisión Colombiana de Juristas sale al paso de las críticas del Gobierno y defiende que el Acuerdo de Paz «no ha fracasado».

La directora de la CCJ, Ana María Rodríguez Valencia, sostuvo en foros internacionales que los resultados parciales del pacto de 2016 desmienten la tesis oficial del «fracaso», defendida por el embajador Mauricio Gaona ante la ONU. Según la información difundida por El Espectador, la organización reivindica la dejación de armas, la reincorporación de más del 85% de los firmantes y los avances en reforma rural, al tiempo que reconoce la gravedad de los asesinatos de excombatientes y la persistencia de economías ilícitas

La confrontación entre el Gobierno colombiano y los defensores del Acuerdo de Paz de 2016 ha escalado en el escenario internacional. La directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Ana María Rodríguez Valencia, hizo una «férrea defensa» de los resultados del pacto suscrito con las antiguas FARC, en foros de relevancia mundial, de manera casi simultánea a la dura descalificación que el Ejecutivo expresó en el Consejo de Seguridad de la ONU por medio de su embajador, Mauricio Gaona. Según la información publicada por El Espectador, Rodríguez Valencia sostuvo que «no se puede sostener que el Acuerdo de Paz fracasó» y que los datos parciales de implementación contradicen la tesis oficial del colapso del proceso.

El detonante de la polémica fue la intervención de Gaona ante el Consejo de Seguridad, en la que afirmó que el pacto titulado «Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera» «no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradera». El diplomático cuestionó, además, que el modelo colombiano pueda considerarse un referente para otros procesos de paz en el mundo, y argumentó que las cifras de violencia, secuestro, desplazamiento forzado y expansión de organizaciones armadas desmienten la narrativa del éxito. La postura fue respaldada por el canciller y refleja, según la información disponible, la posición crítica del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella frente al legado del acuerdo.

La réplica de la CCJ: los datos que contradicen el «fracaso»

Frente a esa caracterización, la CCJ ha opuesto un balance que, sin ocultar las deficiencias, subraya los logros estructurales del pacto. Según los datos que maneja la organización y que coinciden con los reportes de la Misión de Verificación de la ONU, la dejación de armas de más de 13.000 guerrilleros de las FARC se completó en el plazo previsto y más del 85% de los firmantes continúa vinculado al proceso de reincorporación una década después. En materia de Reforma Rural Integral, el informe trimestral de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz correspondiente a marzo de 2026 consigna la gestión de más de 762.000 hectáreas para el Fondo de Tierras, la formalización de más de 2 millones de hectáreas, la adopción de los 16 Planes Nacionales Sectoriales y la constitución de 27 Zonas de Reserva Campesina. En el capítulo de víctimas, se ha indemnizado administrativamente a más de 756.000 personas y se ha reglamentado la protección a mujeres buscadoras.

Rodríguez Valencia, según la información difundida, también habría rebatido el argumento de que el acuerdo «no es un modelo para el mundo», señalando que la comparación se hace sin atender al punto de partida: un conflicto de más de medio siglo que, tras la firma, dejó de ser una guerra insurgente convencional para transformarse en una violencia fragmentada y multicausal, atribuible en buena medida a los grupos armados que ocuparon los territorios abandonados por las FARC y no al propio pacto.

Las alertas que la propia CCJ no oculta

La defensa del Acuerdo no equivale, sin embargo, a un balance exento de críticas. La CCJ ha sido una de las organizaciones que con mayor insistencia ha documentado el deterioro de la seguridad de los firmantes de paz. Según las cifras manejadas por la ONU y citadas por el jefe de la Misión de Verificación, Miroslav Jenča, más de 500 firmantes han sido asesinados desde 2016, una tasa que el diplomático calificó como «sumamente alta». La propia CCJ denunció, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, más de 1.500 asesinatos de defensores de derechos humanos entre 2018 y 2025, con especial incidencia en líderes ambientales y reclamantes de tierras. El informe de la Unidad de Implementación advierte, asimismo, de la «persistente y crítica situación de seguridad para liderazgos sociales y firmantes de paz» y recomienda fortalecer el modelo de seguridad humana y evaluar el rol del SISEP.

A ello se suma la incertidumbre presupuestal en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según la información disponible, el Gobierno ha propuesto asignarle 821.803 millones de pesos para 2027, frente a los 947.642 millones solicitados por el propio tribunal, una reducción que la CCJ ha advertido que, de materializarse, podría comprometer la capacidad de la JEP para cumplir con sus funciones y, por extensión, con el componente de justicia del Acuerdo.

La ONU, en la misma dirección que la CCJ

La posición de la CCJ no es un caso aislado. El jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Miroslav Jenča, salió al paso de las críticas del embajador Gaona y afirmó, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, que «el Acuerdo de Paz del 2016 con las Farc fue y es un éxito». Jenča destacó la dejación de armas, el monitoreo del cese al fuego y el retiro de los miembros de las FARC de los territorios bajo su control, y subrayó que el hecho de que más del 85% de los firmantes continúe en el proceso constituye un logro que la comunidad internacional reconoce. El Consejo de Seguridad, por unanimidad, renovó el mandato de la Misión hasta octubre de 2027, aunque excluyó de su ámbito la verificación de la Reforma Rural Integral, una decisión que, según la información disponible, ha generado preocupación en los sectores defensores del acuerdo.

Con las posiciones encontradas sobre la mesa, el décimo aniversario del Acuerdo de Paz de 2016 se conmemora en medio de una profunda polarización: mientras el Gobierno insiste en el «fracaso» y en la necesidad de «corregir» el rumbo, la CCJ y la ONU sostienen que el balance, con sus claroscuros, está mucho más cerca del éxito parcial que del colapso que se le atribuye.