Caracol Televisión evacúa su sede en Bogotá por una alerta de atentado que las autoridades atribuyen, según la información disponible, a grupos armados ilegales.
La cadena activó sus protocolos de seguridad en la noche del sábado tras ser informada por la Fiscalía de un posible plan contra sus instalaciones. La Policía Metropolitana descartó la presencia de explosivos, pero la alerta se extendió a Caracol Radio y a otros medios, y llevó a la Alcaldía a convocar el centro de inteligencia de la ciudad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguró que la advertencia original mencionaba un supuesto plan del ELN
La sede principal de Caracol Televisión, en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá, vivió en la noche del sábado 7 de noviembre una de las evacuaciones más rápidas que se recuerdan. Cerca de las 20:00 horas, el personal que se encontraba en el edificio recibió la orden de abandonar las instalaciones de forma inmediata. La alerta no provenía de un detector de humo ni de una alarma interna: según confirmó la propia cadena en un comunicado difundido al día siguiente, las autoridades le habían informado de “la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal”. La información, según las fuentes consultadas por distintos medios, había sido transmitida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía a la Alcaldía de Bogotá y a varios medios de comunicación, y apuntaba, supuestamente, a un plan coordinado contra instalaciones periodísticas en la capital.
La evacuación se produjo sin incidentes y el canal mantuvo su señal al aire. “Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, señaló Caracol Televisión en el mensaje difundido en sus redes sociales. En el mismo complejo donde opera el canal tienen sede también el diario El Espectador y la emisora Blu Radio, según recogieron las agencias internacionales. La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo de verificación y, horas después, informó de que no había encontrado “evidencia de explosivos” ni en el interior ni en los alrededores del edificio. La ausencia de explosivos, sin embargo, no supuso el archivo de la alerta: las autoridades mantuvieron abierta la investigación para determinar el alcance real de la amenaza.
La alerta también alcanzó a la radio y a otros medios
El perímetro de la advertencia no se limitó a la televisión. Caracol Radio confirmó en un comunicado que también había recibido información de las autoridades sobre “el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación”, y que había activado sus propios protocolos para proteger a sus periodistas y colaboradores. Fuentes de la investigación citadas por Forbes Colombia señalaron que la alerta habría alcanzado igualmente a RCN. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) fue un paso más allá y aseguró que, según la información que las autoridades transmitieron a los periodistas presentes en Caracol TV, el CTI de la Fiscalía había recibido una alerta sobre un “posible plan del ELN para atacar las sedes de Caracol y RCN”. Esa atribución al ELN, que no ha sido confirmada de forma oficial por la Fiscalía ni por el Gobierno, fue mencionada también por el presidente de la República en una publicación reciente, según recogió la propia FLIP.
Inteligencia, rechazo institucional y protección reforzada
La reacción institucional fue inmediata. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó a través de la Secretaría de Seguridad la convocatoria urgente del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), el órgano que coordina a los organismos de seguridad del Distrito, para analizar conjuntamente la información recibida. La Policía Metropolitana adoptó “medidas preventivas”, aunque la Alcaldía no detalló en qué consistían ni en qué puntos se aplicaban.
El rechazo político fue transversal. La Procuraduría General de la Nación, a través de su titular, Gregorio Eljach, advirtió de que “ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa” y calificó el ataque contra los medios como un ataque “contra la democracia”. La Defensoría del Pueblo, en palabras de Iris Marín, consideró la información “grave y profundamente preocupante” y reclamó a las autoridades que esclarecieran “la veracidad de la información” y adoptaran las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en las instalaciones. La FLIP, por su parte, pidió “protección inmediata” para los periodistas y advirtió de que “que no se hayan encontrado explosivos no significa que el riesgo haya cesado”.
Caracol Televisión, mientras tanto, cerró su comunicado con una declaración de principios que sus responsables han repetido en las últimas horas: “Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso”. La investigación sigue abierta y, por ahora, ni la Fiscalía ni la Policía han identificado a los responsables ni han confirmado de forma oficial la autoría que la FLIP atribuye al ELN.
