La Corte Constitucional se declara inhibida y deja en el limbo el pulso entre Fiscalía y Congreso por el caso Uribe
La Sala Plena de la Corte Constitucional optó por no tomar partido en la disputa de competencias que enfrentaba a la Fiscalía General de la Nación con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según la información difundida por el alto tribunal, los nueve magistrados se declararon inhibidos para resolver de fondo el conflicto, una decisión que, en la práctica, mantiene el expediente bajo la órbita de la justicia ordinaria mientras se define el rumbo jurídico definitivo del caso.
La determinación, adoptada en una sesión extraordinaria que inició a las 9:00 de la mañana del lunes 9 de noviembre y que tuvo como ponente a la magistrada Paola Meneses, presidenta de la corporación, implica que la Corte no emitió un pronunciamiento de fondo sobre cuál de las dos instancias es la competente para investigar al exmandatario. De acuerdo con lo trascendido, el tribunal consideró que no estaban dadas las condiciones jurídicas para emitir una orden que zanjara el choque de poderes, por lo que se abstuvo de asignar formalmente el caso a una de las partes en disputa.
El origen del conflicto
La controversia procesal se remonta a la votación en la Comisión de Acusación de la Cámara, donde una proposición impulsada por integrantes del Centro Democrático y Cambio Radical logró que se reclamara el expediente a la Fiscalía. La iniciativa contó con el respaldo de cinco congresistas del Pacto Histórico —David Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra—, quienes posteriormente, sin embargo, cambiaron de postura y pidieron a la Corte que mantuviera la competencia de la Fiscalía.
El argumento central de la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, es que el delito de concierto para delinquir agravado tiene naturaleza permanente y que la actividad criminal del Bloque Metro de las Autodefensas se habría extendido hasta 2003, año en que Uribe ya ejercía la Presidencia, lo que, según su interpretación, activaría el fuero y llevaría el caso al Congreso. La Fiscalía, por su parte, se opuso al traslado bajo el argumento de que los hechos investigados ocurrieron cuando Uribe fungía como gobernador de Antioquia, entre 1996 y 1998, por lo que el caso debe permanecer en la justicia ordinaria.
Los hechos bajo investigación
El expediente que originó el choque de competencias está relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Antioquia durante la década de los 90, así como con el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Según la información disponible, se investiga la presunta responsabilidad del expresidente por omisión o colaboración con estructuras paramilitares en esos hechos, aunque ninguna de estas acusaciones ha sido probada y el proceso permanece en fase de indagación.
Un fallo que no resuelve el fondo
La decisión de la Corte Constitucional, según coinciden en señalar los analistas judiciales, no constituye un fallo absolutorio ni una validación de la inocencia de Uribe, sino una abstención procesal que deja la pregunta de fondo sin respuesta: quién debe investigarlo. Al no haber un pronunciamiento de fondo, el expediente continuará en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que venía adelantando las actuaciones y recopilando material probatorio.
No obstante, según advierten las fuentes consultadas, la inhibición no cierra la puerta a que el caso regrese al Congreso en el futuro. La decisión deja abierta la posibilidad de que, ante nuevas circunstancias procesales o recursos posteriores, la Corte deba pronunciarse nuevamente sobre la competencia. Por lo pronto, el caso Uribe permanece en un compás de espera judicial, con la Fiscalía a cargo de la investigación y el Congreso a la expectativa de un pronunciamiento que, supuestamente, todavía podría llegar.
