La Fiscalía Europea acumula 74 causas por presunto fraude en España y sitúa el daño en 390,6 millones.
La Fiscalía de la Unión Europea (EPPO) mantiene abiertas en España un total de 74 investigaciones por presuntas irregularidades en el uso de fondos comunitarios, con un perjuicio económico estimado que asciende a 390,6 millones de euros. Así se desprende de la última memoria anual del organismo correspondiente a 2025, según la información publicada por La Gaceta y que este periódico ha podido contrastar con los datos difundidos por otros medios y con las cifras recogidas en el informe oficial de la EPPO.
Las cifras adquieren una dimensión más amplia si se tiene en cuenta el conjunto de la actividad de la Fiscalía Europea en España. A cierre del ejercicio 2025, el organismo contabilizaba un total de 97 procedimientos activos, cuyo daño potencial a los intereses financieros de la Unión se estimaba en 796,2 millones de euros. De esa cifra global, los 74 expedientes de fraude en el gasto representan el grueso de las investigaciones, mientras que los 23 restantes corresponden a presuntos delitos contra los ingresos comunitarios, fundamentalmente fraudes en el IVA y en materia aduanera, que suman 405,6 millones. Según los datos recogidos por Europa Press y EFE, solo en 2025 se abrieron 57 de esas 97 investigaciones en España, tras la recepción de 108 denuncias.
El volumen de causas abiertas se ha actualizado en las últimas semanas a raíz de las nuevas diligencias anunciadas por la EPPO sobre las inversiones ferroviarias en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Según ha confirmado el propio organismo europeo en un comunicado, el pasado 6 de noviembre los investigadores llevaron a cabo diligencias en las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y del Tribunal de Cuentas. El objetivo, supuestamente, es determinar si se produjeron irregularidades en el uso de fondos comunitarios destinados a la modernización de los sistemas de seguridad, comunicaciones y señalización de ese corredor ferroviario.
Esta actuación constituye la segunda investigación que la Fiscalía Europea abre sobre el mismo corredor de alta velocidad. La primera de ellas se remonta a marzo de 2026 y se centró en el mantenimiento de la infraestructura en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba), donde se produjo un accidente ferroviario en enero de ese año. La nueva causa, impulsada directamente por la EPPO sin necesidad de una denuncia previa y con la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se suma al escenario abierto tras el siniestro ocurrido en octubre cerca de Urda (Toledo), que se saldó con 69 fallecidos.
El informe anual de la EPPO también revela el origen de las investigaciones abiertas en España durante el último ejercicio. De los 57 nuevos procedimientos incoados en 2025, la mayoría (26) tuvieron su origen en comunicaciones de las autoridades nacionales; 24 partieron de denuncias particulares; seis llegaron a través de información trasladada por organismos europeos y uno se abrió por iniciativa propia del organismo. Entre los programas comunitarios afectados, las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU) concentran 21 expedientes relacionados con presuntas irregularidades en el destino de los recursos.
La acumulación de causas en España contrasta con la dimensión global del organismo. A cierre de 2025, la Fiscalía Europea mantenía abiertas 3.602 investigaciones en toda la Unión, con un impacto estimado superior a los 67.000 millones de euros, dos tercios de ellos vinculados al fraude en el IVA y a las aduanas. En el caso español, según las fuentes consultadas, las cifras sitúan al país entre los socios con mayor volumen de expedientes activos, una tendencia que los datos oficiales atribuyen al incremento de las comunicaciones de las autoridades nacionales y de las denuncias particulares.
