La ‘Ley de Rescate’ que promete ajustar el Estado: entre el recorte histórico y la duda de si transforma o solo remienda.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso un ambicioso paquete de 106 artículos con el que pretende «desactivar la bomba de tiempo fiscal» que, según su versión, heredó de la administración anterior. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible y los análisis de expertos, la iniciativa, bautizada como Ley de Rescate Económico, combina un recorte del gasto sin precedentes con un aumento de la carga tributaria que, supuestamente, terminaría pesando más sobre los ingresos de los hogares que sobre una reducción estructural del tamaño del Estado.
El proyecto, radicado el pasado 29 de octubre en la Secretaría de la Cámara de Representantes por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, consta de 106 artículos y busca corregir el desequilibrio de las finanzas públicas a partir de 2027. Según las cifras oficiales presentadas por el Ministerio de Hacienda, sin la ley, el déficit fiscal de 2027 llegaría al 9,4 % del PIB; con la norma, bajaría al 7,2 %. El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá mejorar las finanzas públicas en 51 billones de pesos en 2027 y en más de 122 billones en 2030.
El primer eje del articulado es el llamado «rescate fiscal». De acuerdo con la exposición de motivos y las declaraciones de los funcionarios, cerca del 70 % del ajuste recaerá sobre el propio Estado mediante recortes a la contratación, racionalización de compras y revisión de transferencias. Las medidas más visibles son una reducción del 50 % en el gasto en contratos de prestación de servicios para 2027 y una disminución del 20 % en los gastos de personal para 2028, sin incluir a la Fuerza Pública. El Gobierno calcula que el ajuste total para 2027 rondará el 2,2 % del PIB, entre 40 y 42 billones de pesos.
Sin embargo, el análisis de los propios números del proyecto, según reportes de El País, revela una realidad distinta a la que pregona el Ejecutivo: el recorte del Estado aportará solo uno de cada cuatro pesos del ajuste previsto para 2027 (unos 12,4 billones de pesos), mientras que el resto provendrá de nuevos ingresos tributarios. «A grandes rasgos, se ajusta más el tema de ingresos que de gastos», resume Alejandro Rojas, analista del Banco de Bogotá, citado por el mismo medio.
En el plano tributario, la ley propone una rebaja del impuesto de renta empresarial del 35 % al 31 % para 2028, acompañada de incentivos a la inversión. No obstante, según la información disponible, ese alivio para las empresas se compensaría con una eliminación de la tarifa reducida del 5 % de IVA para productos como el café, los vehículos eléctricos e híbridos y el azúcar, que pasarían a tributar al 19 % a partir de 2028. Para los hogares, el proyecto contempla la devolución del IVA a 19 millones de colombianos de menores ingresos, con un giro promedio estimado de 213.000 pesos mensuales para familias con ingresos de hasta 3,4 millones de pesos.
Las reacciones no se han hecho esperar. El Consejo Gremial Nacional, según declaraciones de su presidenta, Natalia Gutiérrez, respaldó la necesidad del ajuste fiscal, pero advirtió que la discusión debe centrarse en cómo se distribuye el esfuerzo entre el recorte del gasto y los nuevos ingresos tributarios, y pidió evaluar el impacto sobre la inversión y el empleo formal. La Federación Nacional de Cafeteros solicitó reconsiderar el aumento del IVA para el café, argumentando que podría reducir la demanda y afectar a las familias productoras. Aconauto, por su parte, estimó que llevar el IVA de los vehículos eléctricos e híbridos del 5 % al 19 % podría reducir en un 40 % el volumen de ventas del sector.
En el terreno político, el senador de oposición Iván Cepeda advirtió a EFE que el proyecto «afectará severamente a los ciudadanos» y lo calificó como «una reforma tributaria que vuelve al pasado en términos de romper con el principio de progresividad en el pago de los impuestos». Según su lectura, la iniciativa exonera o rebaja sustancialmente la carga a «los más ricos y pudientes» mientras aumenta el IVA para alimentos de primera necesidad y el impuesto de renta a las capas medias.
El impacto sobre los trabajadores también ha sido materia de análisis. De acuerdo con un cálculo divulgado por José Ignacio López, presidente de ANIF, los nuevos aportes a salud contemplados en la reforma podrían reducir el ingreso mensual de un trabajador con salario de 4 millones de pesos en unos 60.000 pesos; para quien gana 10 millones, la disminución estimada sería de 419.000 pesos. El propio centro de pensamiento aclara que se trata de un ejercicio sobre el texto radicado y no de una liquidación oficial del Gobierno.
El trámite legislativo avanza a contrarreloj. Según reportes de medios como Estrella Digital, el proyecto fue radicado con mensaje de urgencia, lo que permite a las comisiones económicas de ambas cámaras debatirlo simultáneamente, con el objetivo de aprobarlo antes del receso del 16 de diciembre. El Gobierno necesita calmar a las agencias calificadoras de riesgo y a los mercados internacionales antes del cierre del año, de acuerdo con la información disponible.
La pregunta de fondo, según coinciden analistas y sectores críticos, sigue siendo si esta ley realmente transforma las finanzas del Estado o si, como supuestamente advierten sus detractores, se limita a un ajuste contable que traslada la carga a los hogares y a los trabajadores sin resolver las inflexibilidades estructurales del gasto público. El debate apenas comienza en el Congreso, y las cartas están sobre la mesa.
