domingo, noviembre 22, 2026
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MinTIC pone bajo investigación a Starlink y cuatro operadores por conexiones detectadas en cárceles colombianas

Las autoridades identificaron conexiones de internet satelital de Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios del país. La investigación también alcanza a Claro, Movistar, Tigo y WOM, mientras crece la preocupación por el uso de dispositivos de comunicación para presuntamente coordinar extorsiones y otras actividades delictivas desde prisión.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) abrió una investigación administrativa contra Starlink Colombia S.A.S. y formuló cargos por un posible incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el control de las señales de telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios del país.

La decisión, comunicada el 21 de noviembre de 2026 y difundida por diferentes medios nacionales al día siguiente, se produce después de una serie de inspecciones en centros de reclusión que permitieron descubrir dispositivos y conexiones de internet que, según las autoridades, no estaban autorizados.

El caso ha adquirido especial relevancia después de que durante un operativo realizado en la cárcel La Picota, en Bogotá, fueran encontradas seis antenas de Starlink, además de cientos de teléfonos móviles, tarjetas SIM y otros equipos electrónicos.

Posteriormente, las verificaciones técnicas adelantadas por el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC), dependiente del MinTIC, identificaron conexiones de internet mediante redes WiFi proporcionadas por la compañía en cuatro establecimientos penitenciarios: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.

A partir de estos hallazgos, el Ministerio pretende determinar si la empresa adoptó las medidas técnicas que exige la legislación colombiana para evitar que sus servicios faciliten comunicaciones no autorizadas desde el interior de las prisiones.

La apertura de la investigación no supone que Starlink haya sido declarada responsable de una infracción. Será el procedimiento administrativo el que determine si existió algún incumplimiento y qué responsabilidades podrían derivarse de los hechos.

Seis antenas satelitales y cientos de dispositivos encontrados en La Picota

Uno de los elementos que ha llamado la atención de las autoridades es la cantidad de equipos de comunicación encontrados durante las inspecciones realizadas en la cárcel La Picota.

Según el balance oficial difundido por la Presidencia de Colombia, durante el operativo fueron incautados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas de Starlink y 38 módems, además de otros dispositivos electrónicos.

El hallazgo ha vuelto a poner sobre la mesa las dificultades que afronta el sistema penitenciario colombiano para impedir que determinados internos puedan utilizar tecnologías de comunicación no autorizadas.

La presencia de teléfonos móviles y conexiones de internet dentro de los centros penitenciarios constituye una preocupación para las autoridades, especialmente por la posibilidad de que estos recursos sean utilizados para mantener contactos con personas del exterior y coordinar actividades delictivas.

Entre las conductas que el Gobierno pretende combatir se encuentran las extorsiones telefónicas, las amenazas y diferentes modalidades de fraude que, según las autoridades, pueden organizarse desde el interior de las cárceles.

En este contexto, la aparición de antenas de internet satelital introduce un desafío adicional para los mecanismos tradicionales de control de las comunicaciones.

A diferencia de las conexiones convencionales, Starlink utiliza una red de satélites de órbita baja para proporcionar acceso a internet mediante terminales instalados por los usuarios. Esta tecnología permite ofrecer conectividad en lugares donde las redes terrestres presentan dificultades de cobertura.

Precisamente esa capacidad de conexión es una de las características que ha impulsado la expansión comercial de la compañía, pero también plantea nuevos retos cuando se trata de controlar las comunicaciones en instalaciones que deben permanecer sometidas a restricciones específicas.

¿Por qué el Gobierno investiga a Starlink?

La investigación tiene como fundamento el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, incorporado mediante el artículo 9 de la Ley 1709 de 2014.

Esta disposición establece obligaciones para el control de las comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

La legislación atribuye al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para limitar el uso de dispositivos de comunicación no autorizados e impedir que desde el interior de las prisiones se establezcan conexiones ilegales.

Además, establece que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en coordinación con el INPEC y la Agencia Nacional del Espectro, deben contribuir a atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios.

Esto significa que las responsabilidades no corresponden únicamente a las compañías privadas. También existe una obligación institucional de garantizar que las instalaciones penitenciarias cuenten con mecanismos adecuados para impedir las comunicaciones no autorizadas.

En el caso de Starlink, el MinTIC pretende establecer si la compañía cumplió las obligaciones técnicas que le correspondían y si adoptó las medidas legalmente exigibles para evitar que su infraestructura facilitara conexiones no permitidas dentro de los centros de reclusión.

La investigación deberá analizar las circunstancias concretas de las conexiones detectadas, las obligaciones aplicables a la empresa y las actuaciones realizadas para cumplirlas.

No obstante, conviene distinguir entre la presencia de una antena o una conexión de internet dentro de una prisión y la responsabilidad directa de la empresa proveedora. La existencia de un dispositivo no demuestra por sí sola que el operador conociera su ubicación, autorizara su utilización o participara en las actividades que pudieran desarrollarse mediante esa conexión.

Ese será precisamente uno de los aspectos que deberán esclarecerse durante el procedimiento.

Claro, Movistar, Tigo y WOM también aparecen en las actuaciones

La investigación no se limita a la compañía de internet satelital.

El MinTIC también abrió actuaciones administrativas y formuló cargos contra otros cuatro operadores de telecomunicaciones por el posible incumplimiento de las obligaciones de restricción de señales móviles en la cárcel La Picota.

Las empresas mencionadas son:

  • Partners Telecom Colombia S.A.S., vinculada a la marca WOM.
  • Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., relacionada con Movistar.
  • Comunicación Celular S.A. (Comcel), operadora de Claro.
  • Unión Temporal Colombia Móvil–Colombia Telecomunicaciones, relacionada con Tigo.

En estos casos, el Ministerio busca determinar si las compañías adoptaron las medidas técnicas necesarias para limitar la transmisión, recepción y control de las señales móviles dentro del establecimiento penitenciario.

La actuación contra estos operadores tiene un alcance diferente a la investigación relacionada con Starlink, puesto que se concentra en las obligaciones relativas a las redes móviles y a las condiciones de restricción de señal en La Picota.

El objetivo de las autoridades es comprobar si las empresas cumplieron las disposiciones legales y si existieron deficiencias en las medidas que debían aplicar.

Por tanto, tampoco sería correcto afirmar que las cinco compañías han sido declaradas culpables. Todas deberán contar con las garantías correspondientes para presentar sus explicaciones y ejercer su derecho de defensa.

Las cárceles y el problema de las extorsiones telefónicas

Más allá de la investigación contra los operadores, el caso vuelve a poner de manifiesto un problema que preocupa desde hace años a las autoridades colombianas: la utilización de teléfonos y conexiones de internet desde los centros penitenciarios para cometer delitos.

Las extorsiones telefónicas constituyen una de las modalidades que el Gobierno pretende combatir mediante el fortalecimiento de los controles tecnológicos.

En determinados casos, los delincuentes contactan con sus víctimas haciéndose pasar por integrantes de organizaciones criminales, funcionarios públicos o representantes de entidades bancarias.

También pueden utilizar técnicas de suplantación de identidad para obtener información personal, solicitar transferencias económicas o conseguir códigos de acceso a cuentas y aplicaciones.

La disponibilidad de conexiones a internet dentro de una prisión puede ampliar las posibilidades de comunicación de quienes tienen acceso a estos dispositivos.

Además, las redes WiFi permiten utilizar aplicaciones de mensajería, realizar llamadas por internet y acceder a diferentes plataformas digitales, dependiendo de las restricciones y mecanismos de control existentes.

Por esta razón, las autoridades consideran necesario reforzar los mecanismos de vigilancia y garantizar que las tecnologías de comunicación autorizadas dentro de las cárceles no puedan convertirse en herramientas para continuar desarrollando actividades delictivas.

Sin embargo, el bloqueo de señales no constituye por sí solo una solución definitiva. La entrada irregular de dispositivos, los fallos de seguridad, la posible colaboración de terceros y las deficiencias en los controles internos también deben formar parte de cualquier estrategia de prevención.

El papel del INPEC y las responsabilidades del sistema penitenciario

Uno de los aspectos que merece especial atención en este caso es el papel del INPEC.

La Ley 1709 de 2014, mediante la incorporación del artículo 16A a la Ley 65 de 1993, establece expresamente que el organismo penitenciario debe adoptar las medidas necesarias para controlar o impedir las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos.

La norma contempla incluso la utilización de mecanismos tecnológicos para bloquear o inhibir señales móviles, satelitales y otros sistemas inalámbricos, siempre dentro de las condiciones y autorizaciones correspondientes.

Asimismo, establece que las medidas de restricción deben evitar afectar las comunicaciones en las zonas exteriores de los establecimientos penitenciarios.

Este último aspecto es importante porque un bloqueo indiscriminado podría perjudicar a los ciudadanos que viven o trabajan cerca de las cárceles y que necesitan utilizar sus teléfonos y conexiones de internet con normalidad.

Por tanto, las soluciones deben ser técnicamente precisas y estar coordinadas entre las instituciones responsables y las empresas proveedoras.

La investigación contra Starlink y los operadores móviles también abre el debate sobre hasta qué punto los controles internos de las prisiones están funcionando correctamente.

Si cientos de teléfonos, miles de tarjetas SIM y diferentes antenas consiguen llegar hasta el interior de un establecimiento penitenciario, resulta necesario examinar no solamente las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones, sino también los mecanismos de vigilancia, seguridad y prevención que corresponden a la administración penitenciaria.

¿A qué sanciones podrían enfrentarse las compañías?

Según el comunicado oficial del Gobierno, si las investigaciones administrativas consiguen demostrar los incumplimientos señalados, las empresas involucradas podrían enfrentarse a diferentes sanciones.

Entre las consecuencias mencionadas figuran multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión temporal de operaciones e incluso la cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda.

La aplicación de estas medidas dependerá de los resultados de cada procedimiento y de las obligaciones concretas que se determine que fueron incumplidas.

No significa, por tanto, que Starlink, Claro, Movistar, Tigo o WOM vayan a recibir automáticamente esas sanciones.

El Ministerio ha indicado que las actuaciones se desarrollarán respetando el debido proceso y el derecho de defensa de las empresas investigadas.

Cada compañía podrá presentar sus argumentos, aportar documentación y controvertir los elementos que se utilicen durante la investigación.

La decisión definitiva deberá basarse en las pruebas y en las disposiciones legales aplicables.

Un desafío tecnológico que va más allá de Starlink

El caso también refleja un problema más amplio relacionado con la evolución de las telecomunicaciones.

La expansión de las redes satelitales, el acceso a internet en zonas remotas y la aparición de nuevos sistemas de conexión obligan a las administraciones públicas a actualizar sus mecanismos de control.

Las tecnologías que permiten llevar internet a comunidades aisladas también pueden plantear dificultades cuando se utilizan en espacios donde existen restricciones legales específicas.

En Colombia, el desafío consiste en conseguir que las compañías cumplan sus obligaciones sin perjudicar a los usuarios legítimos ni afectar el funcionamiento normal de las redes de comunicación.

La investigación abierta por el MinTIC representa un nuevo capítulo en esa discusión y podría tener consecuencias para la forma en que se supervisan los servicios satelitales y móviles dentro de los centros penitenciarios.

Por ahora, las autoridades deberán determinar si las empresas investigadas cumplieron las medidas que les correspondían y qué fallos permitieron que se detectaran conexiones no autorizadas en cuatro establecimientos carcelarios.

El resultado de estas actuaciones será importante no solamente para Starlink y los demás operadores, sino también para el propio sistema penitenciario colombiano, que deberá afrontar el reto de impedir que las cárceles sigan siendo utilizadas para mantener comunicaciones ilegales.

La cuestión de fondo no es únicamente quién proporciona la conexión a internet, sino cómo se controla su utilización dentro de las prisiones y qué responsabilidades corresponden a cada una de las partes implicadas.

Fuentes consultadas y documentación de contraste

Estas son las fuentes que respaldan la información y permiten ampliar la investigación:

1. El Espectador – ¿Por qué el MinTIC abrió una investigación contra Starlink en Colombia?. Artículo original y contexto de la investigación.

2. Presidencia de Colombia – Comunicado oficial del 21 de noviembre de 2026. Es la fuente principal para los cargos, los establecimientos afectados y los dispositivos encontrados.

3. Noticias Caracol – Investigación contra los operadores de telecomunicaciones. Contraste de las actuaciones administrativas.

4. Blu Radio – MinTIC investiga a Starlink y otros operadores. Información adicional sobre las compañías implicadas.

5. El País – Investigación a cinco empresas de telecomunicaciones. Cobertura complementaria del caso.

6. Función Pública – Ley 65 de 1993, artículo 16A. Texto legal sobre las obligaciones del INPEC y los proveedores de telecomunicaciones.

7. Función Pública – Ley 1709 de 2014. Norma que incorporó las disposiciones específicas sobre comunicaciones en las cárceles.

8. Decreto 1069 de 2015. Marco reglamentario sobre autorización y bloqueo de señales en establecimientos penitenciarios.

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