Un proyecto ferroviario financiado por España en Uganda bajo escrutinio: casi 26 millones de euros en créditos, señalados por el Parlamento y la Auditoría ugandeses.

Según informaciones publicadas por medios españoles y documentos oficiales del Parlamento y la Oficina del Auditor General de Uganda, el Consejo de Ministros de España aprobó en febrero de 2021, a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), dos créditos reembolsables por un total cercano a los 26 millones de euros para financiar la rehabilitación de un tramo ferroviario en Uganda . La empresa contratista del proyecto, Imathia Construcción, está presidida por el exministro socialista español Julián García Valverde, mientras que otra empresa relacionada, Consultrans, se encargó de parte de los servicios técnicos y de consultoría .

Según los datos disponibles, el monto total de los créditos aprobados en su momento fue de 25.984.100 euros, de los cuales aproximadamente 16,86 millones se destinaron a obras de ingeniería y los 9,12 millones restantes a consultoría y asistencia técnica. El proyecto abarcaba la rehabilitación de cerca de 27 kilómetros de vía férrea entre Kampala y Mukono, incluyendo la introducción de traviesas de hormigón y la creación de una planta de producción local .

No obstante, según el informe de auditoría publicado en 2024 por la Oficina del Auditor General de Uganda y la investigación posterior del Parlamento ugandés, el proyecto presenta múltiples puntos cuestionables. El informe de auditoría señala que los trabajos presentan problemas como traviesas de hormigón agrietadas, falta de soporte adecuado en los raíles y ausencia de pernos, y cuestiona aproximadamente 2,4 millones de euros en pagos por materiales que presuntamente no cumplían con las especificaciones técnicas del contrato; además, existen aproximadamente 1,2 millones de euros de discrepancia entre las mediciones de obra certificadas y las cantidades realmente verificadas en el terreno .

La investigación del Parlamento ugandés se centra principalmente en el componente de «asistencia técnica». Según el informe aprobado por el Parlamento en septiembre de 2026, de los aproximadamente 4,82 millones de euros de presupuesto para asistencia técnica, cerca de 4,33 millones se asignaron a cinco puestos de expertos, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 866.000 euros por puesto . El informe parlamentario también señala presuntamente que algunos empleados ugandeses figuraban como «expertos extranjeros» en los contratos y presuntamente seguían cobrando salarios locales; al mismo tiempo, se cuestionan presuntamente gastos de viaje desde España que no se habrían realizado efectivamente y actividades de formación cuya ejecución no está plenamente acreditada .

Respecto a las dudas mencionadas, la empresa ugandesa de ferrocarriles (URC) ha manifestado que el presupuesto de asistencia técnica corresponde a contratos plurianuales e incluye no solo los honorarios de los expertos, sino también gastos de desplazamiento, salarios del personal local y otros costes operativos; además, los fondos fueron pagados directamente a la consultora española y no pasaron por las cuentas de URC . Un experto ugandés señalado en el informe, el ingeniero Moris Thibenda, también ha negado públicamente haber recibido honorarios de consultoría de 864.000 euros, afirmando que era empleado de Consultrans y que su salario era pagado por una empresa de recursos humanos, y que puede ser verificado mediante los registros fiscales y de seguridad social .

Cabe destacar que, según la información disponible, las aproximadamente 26 millones de euros aportadas por España son créditos reembolsables del FIEM, no subvenciones no reembolsables . Hasta el momento, las investigaciones pertinentes en Uganda continúan, y las autoridades aún no han determinado responsabilidades legales definitivas; las partes implicadas, incluyendo a García Valverde, no han sido declaradas culpables de ningún delito por los organismos oficiales ugandeses. La Oficina del Auditor General de Uganda había señalado anteriormente en su informe de auditoría de 2022 problemas de gestión en el proyecto de la planta de traviesas de la URC, pero el contenido específico de las cláusulas contractuales y la ejecución requieren aún una revisión más detallada por parte de las autoridades ugandesas .