Aragón elimina por completo la cooperación internacional de sus presupuestos para 2027 y la reconvierte en ‘Voluntariado’.
El Gobierno de coalición de PP y Vox en Aragón ha decidido llevar hasta su máxima expresión su giro en política exterior. El proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027, presentado esta semana en las Cortes, deja en cero euros la partida destinada a Cooperación Internacional al Desarrollo, una política pública que llevaba vigente más de tres décadas. Según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico y recogida por varios medios, el programa que antes canalizaba estas ayudas ha sido rebautizado como ‘Voluntariado’ y las únicas subvenciones nominativas que incluye, por un total de 130.000 euros, se dirigen a tres entidades de discapacidad en la comunidad, sin vinculación alguna con proyectos en el exterior.
La decisión fue defendida este viernes en sede parlamentaria por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox). En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Nolasco supuestamente justificó la supresión argumentando que los recursos son “finitos” y que deben quedarse “en Aragón y en España”, al tiempo que sostenía que los fondos de cooperación exterior “en muchas ocasiones, ni siquiera se pueden fiscalizar”. El también líder de Vox en Aragón enmarcó esta medida en el principio de “prioridad nacional” que, según dijo, su formación considera “irrenunciable” y que ya se está aplicando en otras convocatorias de ayudas de su departamento.
El contraste con el volumen total de las cuentas
La eliminación de la cooperación se produce en un contexto presupuestario que dificulta el argumento de la escasez. De acuerdo con los datos del propio proyecto de ley, Aragón contará en 2027 con el presupuesto más alto de su historia, alcanzando los 9.594,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al último ejercicio aprobado. El departamento que dirige Nolasco manejará 579 millones de euros, un 14% más, de los cuales 548 millones son fondos propios. La paradoja, según han subrayado desde la oposición y el tercer sector, es que unas cuentas calificadas por el presidente Jorge Azcón como “las más expansivas y de gasto social de la historia” no reservan ni un solo euro para la solidaridad internacional.
No es un recorte aislado: la traca final de un desmantelamiento progresivo
La supresión para 2027 culmina una tendencia que ya venía gestándose desde el primer acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Según los datos de ejecución presupuestaria manejados por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), en 2023, con el último ejecutivo de Javier Lambán, la partida de cooperación ascendía a 6,2 millones de euros. En 2024, el primer presupuesto de Azcón, esa cantidad se desplomó un 80%, hasta los 2 millones, y en el último ejercicio aprobado se situó en 1,45 millones antes de su desaparición definitiva para 2027. Este histórico de recortes ha llevado a que, de acuerdo con los datos de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo, la cooperación aragonesa representara en 2024 apenas el 0,02% de su presupuesto, frente a una media autonómica del 0,12%.
La reacción del sector: “un golpe devastador” e “ideológico”
La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), que aglutina a una sesentena de organizaciones que operan en 46 países, ha sido la voz más contundente contra la medida. Su presidenta, Isabel Funes, ha denunciado que la eliminación responde a motivos “meramente ideológicos” y no económicos, y ha acusado al Gobierno de Azcón de presentar “los presupuestos más altos de la historia” mientras deja a cero una partida que consideran esencial. La coordinadora de la FAS, Estrelicia Izquierdo, ha advertido de las consecuencias prácticas: según los cálculos de las ONG integradas en la federación, solo con los fondos aportados por el Gobierno de Aragón se atendía a cerca de 500.000 personas en sectores como el acceso a agua potable, la asistencia sanitaria en el parto o la escolarización de niñas.
El frente legal: choque con el Estatuto de Autonomía
Más allá del debate político, la decisión podría tener implicaciones jurídicas. Según ha advertido la propia FAS, la cooperación para el desarrollo no es una política discrecional, sino una competencia recogida expresamente en el Estatuto de Autonomía de Aragón y desarrollada por la correspondiente ley autonómica de cooperación. La federación sostiene que dejar a cero una partida que emana de un mandato estatutario sitúa al Ejecutivo de PP y Vox en una zona de riesgo legal, aunque por el momento no se ha anunciado ninguna acción judicial concreta por parte del sector.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha localizado una valoración pública del Departamento de Hacienda o de la Presidencia del Gobierno de Aragón que aclare si la eliminación de la partida ha sido informada favorablemente por los servicios jurídicos de la comunidad o si existe algún informe que advierta sobre su encaje estatutario. La información aquí recogida se basa en los datos publicados en el proyecto de ley, las declaraciones del vicepresidente Nolasco y las denuncias formuladas por la Federación Aragonesa de Solidaridad, sin que ello implique una validación independiente de las consecuencias legales que puedan derivarse de esta decisión.
