El TSJ de Madrid confirma la condena a dos mujeres por vender cocaína en un parque y ordena expulsar a una de ellas
Las dos condenadas deberán afrontar un año y medio de prisión y una multa de 110 euros por tráfico de drogas. Una de ellas, de nacionalidad colombiana y en situación irregular en España, tendrá sustituida la pena de cárcel por la expulsión del país y no podrá regresar durante siete años.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena impuesta a dos mujeres por participar conjuntamente en la venta de cocaína en el parque Cerro Almodóvar, en Madrid. La resolución judicial ratifica las penas de un año y seis meses de prisión para cada una, además de una multa de 110 euros, después de rechazar el recurso presentado por una de las condenadas, que sostenía que había acudido al lugar como consumidora y que no había intervenido en ninguna operación de venta.
El caso tiene también una consecuencia migratoria: una de las mujeres, de nacionalidad colombiana y que se encontraba en situación irregular en España, verá sustituida la pena de prisión por su expulsión del territorio nacional, con una prohibición de entrada durante siete años.
Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de noviembre de 2023, cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de vigilancia observaron un intercambio entre las dos mujeres y un hombre que posteriormente fue identificado como comprador. La intervención policial permitió localizar varias decenas de dosis de cocaína preparadas para su distribución, además de dinero en efectivo y otras sustancias.
La resolución del TSJM, conocida el 21 de noviembre de 2026 y difundida por Europa Press, confirma la sentencia dictada inicialmente por la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid el 4 de mayo de este año. Los magistrados consideran que las pruebas practicadas durante el procedimiento acreditan la participación conjunta de ambas mujeres en el tráfico de drogas.
Una operación de venta observada por los agentes
La intervención tuvo lugar aproximadamente a las 4:20 horas. Según los hechos recogidos en la sentencia, los policías observaron cómo una de las mujeres entregaba algo a un hombre mientras este facilitaba dinero a la otra.
La secuencia llamó la atención de los agentes, que identificaron al hombre como comprador y comprobaron posteriormente que la sustancia adquirida era cocaína.
La papelina intervenida pesaba 0,057 gramos y presentaba una riqueza del 89,9 %, lo que equivalía a 0,049 gramos de cocaína pura.
Cuando las dos mujeres advirtieron que habían sido observadas por los policías, intentaron abandonar el lugar utilizando un patinete eléctrico. Sin embargo, los agentes consiguieron interceptarlas antes de que pudieran escapar.
Durante la actuación, una de ellas intentó apartar discretamente con el pie un paquete blanco que se encontraba en el suelo. Los agentes comprobaron que se trataba de un pañal utilizado para ocultar diferentes objetos y sustancias.
En su interior encontraron 50 euros distribuidos en tres billetes, tres paquetes de papel de fumar, una navaja y varias dosis de droga.
El registro permitió localizar una papelina de marihuana de 2,57 gramos, cuatro papelinas de cocaína y otras 43 dosis de esta misma sustancia preparadas para su distribución.
En total, los agentes intervinieron 47 papelinas de cocaína, además de la sustancia adquirida por el comprador y la marihuana.
La sentencia considera que ambas mujeres poseían las sustancias de común acuerdo y con la finalidad de distribuirlas a terceras personas. Este elemento fue determinante para establecer la responsabilidad penal de las dos acusadas.
La defensa sostuvo que una de las mujeres era consumidora
Uno de los aspectos centrales del recurso presentado ante el TSJM fue la versión ofrecida por la defensa de una de las condenadas.
Su representación legal solicitó la absolución y alegó que se había producido un error en la valoración de las pruebas y una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
La defensa mantenía que su representada había acudido al parque como consumidora y que no participaba en la operación de venta. También cuestionaba que existieran pruebas suficientes para relacionarla con las sustancias encontradas y con el dinero intervenido.
Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM rechazó esos argumentos.
Los magistrados consideraron que la condena no se apoyaba únicamente en indicios o sospechas, sino en elementos probatorios que permitían reconstruir directamente la operación.
Entre ellos destacaron las declaraciones de los agentes que presenciaron el intercambio, la droga incautada y los análisis realizados para determinar la composición, el peso y la pureza de las sustancias.
El tribunal también examinó las condiciones en las que los policías observaron la transacción. La resolución señala que no se acreditaron problemas de iluminación o distancia que impidieran a los agentes identificar lo que estaba sucediendo.
Según la valoración judicial, los funcionarios observaron cómo el comprador entregaba dinero a una de las mujeres y cómo la otra le facilitaba la sustancia.
Esta actuación permitió a los magistrados establecer que ambas colaboraban en la operación, aunque desempeñaran funciones diferentes durante el intercambio.
La Sala descartó así que la mujer que recurrió la sentencia hubiera acudido simplemente como compradora o consumidora ocasional.
Las dosis preparadas para su distribución fueron determinantes
Otro de los elementos que tuvo en cuenta el tribunal fue la forma en la que estaba almacenada la droga.
Las 47 papelinas de cocaína encontradas durante la intervención estaban separadas en pequeñas dosis, una presentación que, junto con la operación observada por los agentes, fue considerada compatible con una finalidad de distribución a terceros.
La resolución también valoró la existencia de dinero en efectivo y otros objetos intervenidos durante el registro.
La defensa cuestionó que no se hubieran encontrado determinados instrumentos que habitualmente pueden aparecer en investigaciones relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes.
Sin embargo, los magistrados consideraron que la ausencia de esos elementos no desvirtuaba las pruebas disponibles. A su juicio, la operación observada directamente y el hallazgo de las dosis preparadas para su distribución constituían elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de ambas mujeres.
La sentencia de primera instancia había condenado a las dos por un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, aplicando la modalidad atenuada prevista en el Código Penal.
Un año y medio de prisión y una multa de 110 euros
La Audiencia Provincial de Madrid impuso a cada una de las condenadas una pena de un año y seis meses de prisión, además de una multa de 110 euros.
También acordó el decomiso de la droga, el dinero y los objetos intervenidos durante la actuación policial.
La modalidad atenuada aplicada por el tribunal está contemplada en el artículo 368 del Código Penal. Este precepto castiga los actos de cultivo, elaboración, tráfico o facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Cuando se trata de sustancias que causan grave daño a la salud, como la cocaína, el Código Penal establece una pena general de prisión de tres a seis años y multa. No obstante, el mismo artículo permite imponer una pena inferior en grado cuando se aprecia una escasa entidad del hecho y concurren circunstancias personales que lo justifican.
En este procedimiento, la Audiencia Provincial aplicó esa modalidad atenuada y estableció las penas de un año y medio de prisión.
El TSJM ha considerado correcta la valoración jurídica realizada en primera instancia y ha confirmado la condena.
La condenada colombiana será expulsada de España durante siete años
La resolución tiene una consecuencia adicional para una de las mujeres. Según la información judicial difundida, es de nacionalidad colombiana y se encontraba en situación irregular en España.
En su caso, la pena de prisión ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional, acompañada de una prohibición de regresar durante siete años.
Esta decisión se enmarca en el artículo 89 del Código Penal, que regula la sustitución de determinadas penas de prisión impuestas a ciudadanos extranjeros por su expulsión de España.
El precepto establece que las penas de prisión superiores a un año impuestas a ciudadanos extranjeros pueden ser sustituidas por la expulsión del territorio nacional, aunque contempla excepciones que deben valorar los jueces atendiendo a las circunstancias personales y a la proporcionalidad de la medida.
Entre los elementos que pueden resultar relevantes se encuentran el arraigo de la persona en España y las circunstancias concretas del delito.
Por tanto, no se trata de una expulsión automática aplicable a cualquier extranjero condenado, sino de una decisión que corresponde adoptar al órgano judicial conforme a los requisitos legales.
En este caso, la resolución contempla expresamente la sustitución de la pena de cárcel por la expulsión y establece un periodo de siete años durante el que la condenada no podrá regresar a España.
La medida no afecta de la misma manera a la otra mujer condenada, cuya situación penal debe distinguirse de la consecuencia migratoria acordada para su compañera.
El caso vuelve a poner el foco en la venta de droga en espacios públicos
La intervención policial en el Cerro Almodóvar refleja la importancia de las actuaciones de vigilancia en espacios públicos donde pueden producirse operaciones de compraventa de sustancias estupefacientes.
La venta de pequeñas cantidades de droga no queda fuera del ámbito penal por el hecho de que las dosis sean reducidas. El Código Penal sanciona las conductas de tráfico y distribución cuando se acredita que las sustancias se destinan a facilitar el consumo ilegal por terceras personas.
En este procedimiento, la existencia de una operación observada por los agentes y el hallazgo de decenas de dosis preparadas para su distribución fueron determinantes para la condena.
La resolución del TSJM confirma así la valoración realizada por la Audiencia Provincial y rechaza que la acusada que presentó el recurso pudiera ser considerada una simple consumidora ajena a la actividad de la otra mujer.
El caso deja dos consecuencias judiciales concretas: las condenas de un año y seis meses de prisión y las multas para ambas mujeres, y la expulsión de España durante siete años para la condenada colombiana, en sustitución de la pena privativa de libertad.
La decisión supone un nuevo pronunciamiento judicial sobre el tráfico de cocaína en Madrid y sobre la aplicación de las medidas previstas en la legislación española cuando una persona extranjera condenada se encuentra en situación administrativa irregular.
Fuentes consultadas y contraste
- Europa Press, 21 de noviembre de 2026: recoge la resolución del TSJM, los hechos probados, las cantidades intervenidas y los argumentos de la defensa. Europa Press
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid: resolución de la Sala de lo Civil y Penal que confirma la condena de la Audiencia Provincial. La información de la sentencia se ha contrastado a través de la crónica judicial de Europa Press.
- MiraCorredor, 16 de noviembre de 2026: información complementaria sobre el procedimiento y la sustitución de la pena por expulsión. Mira Corredor
- Crónica Legal: análisis de la condena y de la aplicación del artículo 368 del Código Penal. Crónica Legal
- BOE – Código Penal, artículo 89: regulación de la sustitución de penas de prisión por expulsión del territorio nacional. BOE
- BOE – Código Penal, artículo 368: regulación de los delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas. BOE

