Galán rechaza el «simulacro de militarización» propuesto por la derecha y defiende un apoyo focalizado de las Fuerzas Militares sin reemplazar a la Policía.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó este jueves la propuesta de realizar un «simulacro de asistencia militar» en la capital en 2027, una de las seis medidas presentadas por los promotores del cabildo abierto que pidió militarizar la ciudad. Durante la sesión de cierre del cabildo, celebrada en el Concejo de Bogotá, Galán fue categórico: «Apoyo de las Fuerzas Militares sí, militares reemplazando a la Policía no». El mandatario distrital argumentó que las condiciones legales para solicitar la asistencia militar no se cumplen, que la Policía Metropolitana no está desbordada y que el problema de fondo es un déficit de más de 10.000 uniformados que depende del Gobierno Nacional, no de la Alcaldía.
La propuesta que originó el debate: un «simulacro» para 2027
La iniciativa que llevó el debate al Concejo fue promovida por el concejal Julián Uscátegui y su hermano, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, ambos del Centro Democrático. Tras la validación de 37.056 firmas por parte de la Registraduría, se convocó un cabildo abierto que se desarrolló en dos sesiones: la primera el 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada y la segunda el 12 de noviembre en el recinto del Concejo.
En la primera sesión, José Jaime Uscátegui presentó un paquete de seis propuestas que incluían, además del simulacro de asistencia militar para 2027, la conformación de un grupo especializado contra el tráfico de armas, la ampliación de la capacidad carcelaria, la intensificación de la búsqueda de objetivos de alto valor criminal, la concentración de esfuerzos en la frontera Bogotá-Soacha y la instalación de detectores de metales en zonas críticas y en el transporte público. La propuesta de militarizar se enfocaba inicialmente en tres localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, que según los promotores concentraron 528 homicidios en 2024.
El marco legal: una figura excepcional, temporal y subsidiaria
La discusión sobre la militarización de Bogotá no es un asunto de preferencia política, sino que está regulada por la ley. La asistencia militar está contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta norma permite que el Ejército apoye a la Policía de forma temporal y excepcional, pero solo cuando se presenten «hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia» que exijan su intervención.
El procedimiento es claro: los alcaldes y gobernadores pueden solicitar la medida, pero es el Presidente de la República quien evalúa la petición y decide si la autoriza. En el caso de Bogotá, Galán tendría que hacerle la solicitud formal al presidente Abelardo de la Espriella. La Corte Constitucional, en una sentencia de 2022 (C-100 de 2022), avaló esta figura al considerarla un apoyo excepcional que no puede confundirse con un estado de conmoción interior. La postura de Galán se sustenta en que las condiciones para activar este mecanismo —que la Policía esté superada y exista un riesgo grave de orden público— no se cumplen en la actualidad.
Las cifras que respaldan la posición de Galán: una tendencia a la baja
Para sustentar su rechazo, el alcalde presentó un balance de seguridad con corte al 31 de octubre de 2026. Según las cifras oficiales de la Alcaldía, Bogotá registró 899 homicidios en lo corrido del año, lo que representa 83 casos menos que en el mismo periodo de 2025, una reducción del 8,6%. Esta tendencia se ha mantenido a lo largo del año: en el primer bimestre de 2026, el homicidio se redujo un 12,5% (de 176 a 154 casos), y entre enero y el 8 de junio, la reducción acumulada era del 10% (468 frente a 518 casos).
Galán también destacó otros avances en su gestión, como la entrega de más de 1.300 motocicletas a la Policía Metropolitana —más del doble de lo adquirido por la administración anterior—, con 205 unidades adicionales en proceso de entrega, y la inversión en cámaras y luminarias conectadas al sistema de vigilancia C4 y C5. Frente a las críticas por el presunto aumento de la extorsión, el alcalde señaló que muchas víctimas no denuncian y que un incremento en las denuncias no le preocupa, ya que permitiría tener «un panorama mucho más claro y real de lo que está pasando».
El problema de fondo: un déficit de 10.000 policías que no depende de la Alcaldía
El eje central del argumento de Galán es que el problema no se resuelve con soldados, sino con más policías. El alcalde relató que, cuando asumió el cargo en enero de 2024, la Policía Metropolitana le reportó cerca de 16.000 uniformados. A lo largo del año, anunció la llegada de nuevos policías en grupos de 500 y 700, y calculó que la cifra superaría los 17.000. Sin embargo, al asumir el general Cristancho en febrero de 2025, la institución reconoció que la cifra real era de 15.800, porque «sí habían entrado, pero también habían salido».
«Claramente no depende de la Alcaldía Mayor cuántos policías. Créame que si dependiera, no habría los que tenemos. Pero es un reto que entendemos que es nacional», afirmó Galán. El mandatario reveló que le planteó directamente al presidente De la Espriella la necesidad de aumentar el reclutamiento de policías y militares, y que el Gobierno se comprometió a iniciar el proceso, aunque el refuerzo no llegará durante su administración: «Iniciarán el proceso el año entrante y ya será el siguiente alcalde o alcaldesa quien va a beneficiarse de ese aumento del pie de fuerza».
La respuesta de la Administración Distrital: apoyo focalizado, no reemplazo
Lejos de rechazar la colaboración con las Fuerzas Militares, la Alcaldía ha insistido en que el apoyo ya existe y debe fortalecerse, pero bajo un criterio de excepcionalidad, temporalidad y subsidiariedad. Según informó Galán en el cabildo, Bogotá ya tiene presencia militar focalizada en ocho localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Bosa y Santa Fe, en coordinación con la Policía.
En la sesión del 12 de noviembre, la Administración Distrital anunció además un paquete de medidas para reforzar la seguridad sin recurrir a la militarización, que incluye el fortalecimiento del alumbrado público y la conexión de luminarias con cámaras de seguridad integradas al C4 y posteriormente al C5, así como la solicitud formal al Gobierno Nacional de un mayor respaldo para cerrar el déficit de policías, con la esperanza de recibir un refuerzo de la Fuerza Pública en 2027.
Precisiones necesarias
Cabe subrayar varios aspectos para una lectura rigurosa de esta información. En primer lugar, la propuesta de «simulacro de asistencia militar» es una iniciativa política de los hermanos Uscátegui, no una medida adoptada ni una obligación legal. El cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana que permite debatir el tema, pero no vincula al alcalde a tomar una decisión específica. La postura de Galán de no solicitar la asistencia militar es una decisión de gobierno basada en su evaluación de que no se cumplen las condiciones legales, y así lo ha manifestado públicamente.
En segundo lugar, las cifras de seguridad presentadas por la Alcaldía son datos oficiales del Distrito, pero se refieren a periodos específicos y a delitos de alto impacto. La reducción del 8,6% en homicidios con corte a octubre es un dato verificable, pero no implica que la totalidad de los problemas de seguridad estén resueltos, como el propio Galán ha reconocido al hablar de «un problema de seguridad» que persiste. La percepción de inseguridad y el subregistro de delitos como la extorsión son factores que las cifras oficiales no capturan completamente.
En tercer lugar, la calificación de «simulacro de militarización» es la que utiliza el debate público y algunos medios, pero la propuesta original de los Uscátegui se refería a un «simulacro de asistencia militar», una figura legalmente distinta. La asistencia militar es un mecanismo excepcional regulado por la Ley 1801 de 2016, mientras que la «militarización» es un concepto más amplio que no tiene una definición jurídica única. Esta distinción es relevante porque el marco legal aplicable es el de la asistencia militar, no el de una militarización generalizada.
Finalmente, ninguna de las personas e instituciones mencionadas ha sido declarada culpable de delito alguno en el marco de esta información, cuyo enfoque es descriptivo y se basa en los comunicados oficiales de la Alcaldía de Bogotá, las actas del Concejo, la Ley 1801 de 2016, la sentencia C-100 de 2022 de la Corte Constitucional y los reportes de medios como Infobae, Semana, Cambio Colombia, El Espectador, Citytv y Blu Radio, contrastados entre sí para ofrecer una versión coherente y verificable de lo sucedido. El debate sobre la mejor estrategia para enfrentar la inseguridad en Bogotá continúa abierto, y la tensión entre el Distrito y el Gobierno Nacional por el pie de fuerza policial se perfila como uno de los ejes de la agenda política de la ciudad en los próximos meses.
