La JEP examina en audiencia pública la crisis de seguridad de los firmantes de paz: 533 asesinatos en una década y un 67% de casos en zonas con alertas tempranas ignoradas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebró este jueves 12 de noviembre una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares decretadas para la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. La sesión, que se extendió por más de ocho horas, puso sobre la mesa una realidad que las autoridades califican de “preocupante”: 533 firmantes han sido asesinados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de octubre de 2026, según el informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del propio tribunal. A esta cifra se suman 1.584 víctimas de desplazamiento forzado, 31 casos de desaparición forzada y 34 secuestros, de acuerdo con el mismo documento.
La audiencia contó con la presencia de los ministros del Interior, Alejandro Ordóñez, y de Defensa, Jorge Eduardo Mora, así como de la consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, quienes expusieron la visión del Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre cómo garantizar la seguridad de los excombatientes. El encuentro, sin embargo, derivó en un tenso cruce entre Ordóñez y el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, y dejó en evidencia un desacuerdo profundo sobre las causas de la violencia y el alcance de las obligaciones estatales.
Las cifras de una década de violencia: 533 asesinatos y un patrón de alertas ignoradas
El dato más contundente de la jornada fue el balance de la UIA de la JEP. De los aproximadamente 13.200 integrantes de las FARC que dejaron las armas, el 4% ha sido víctima de homicidio y otro 13% ha sufrido otras graves afectaciones a sus derechos humanos, lo que en conjunto representa el 17% de la población firmante. La JEP calificó a los excombatientes de las FARC como “el grupo de desmovilizados más afectado por la violencia en la historia de los procesos de paz adelantados en Colombia”.
El perfil de las víctimas, según el informe, es mayoritariamente masculino (98%), de origen campesino (85%) y con presencia de comunidades afrodescendientes (9%). Un dato relevante es que el 25% desempeñaba algún papel de liderazgo en el posacuerdo, especialmente en procesos de reincorporación y proyectos productivos, y el 13% había participado en actividades de aporte a la verdad ante la JEP.
La evolución anual de los homicidios muestra que los años más críticos fueron 2018 (68 casos) y 2019 (91). La cifra descendió hasta 33 en 2024, pero volvió a aumentar en 2025 con 46 víctimas, y al 30 de octubre de 2026 ya se contabilizaban 18 firmantes asesinados.
La Defensoría del Pueblo, representada por su titular Iris Marín, aportó un elemento adicional que cuestiona la eficacia de la respuesta estatal. Según los datos presentados, el 67% de los homicidios de firmantes ocurrió en municipios donde existían alertas tempranas vigentes que advertían del riesgo. Al 28 de octubre de 2026, la Defensoría registraba 120 alertas vigentes, de las cuales 75 advertían expresamente sobre riesgos para los firmantes y sus familias. De los 38 informes de seguimiento elaborados, 30 registraron un cumplimiento bajo, siete medio y solo uno parcial; ninguno alcanzó una valoración de cumplimiento alto. “Esto quiere decir que las instituciones disponían de advertencias sobre las dinámicas de violencia y no actuaron con la suficiente celeridad”, señaló Marín.
La respuesta del Gobierno: “Se acaba la feria de los esquemas” y un ataque al diseño del Acuerdo
El ministro Ordóñez fue el primero en intervenir y su diagnóstico fue radicalmente distinto al de la Defensoría. Reconoció que existen “graves problemas en la protección” —citó 501 excombatientes asesinados, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas—, pero atribuyó la responsabilidad a la política de “Paz Total” del gobierno anterior y al propio diseño del Acuerdo de La Habana. “La paz total, que disolvió los esfuerzos estatales por la seguridad, se tradujo en el escalamiento del poder criminal”, afirmó, y añadió que el Acuerdo es “un acuerdo mal hecho, mal diseñado, que nos ha llevado a nadar en coca”.
Ordóñez también identificó a los presuntos responsables de los homicidios: “Hoy no hay paramilitares ni fuerzas violentas. Los asesinos son principalmente aparatos criminales que se disputan el narcotráfico y la renta del oro ilegal… En muchos casos son las mismas disidencias de las Farc las que asesinan a sus antiguos camaradas”. La JEP, en su informe, coincide en señalar a las disidencias de las FARC como principales responsables, seguidas por el Clan del Golfo y el ELN.
La consecuencia práctica de este diagnóstico es un cambio en la política de protección. “Los carros blindados y los hombres de protección son para quienes realmente lo requieran”, sostuvo Ordóñez, en lo que describió como el fin de la “feria de los esquemas de seguridad”. El Gobierno, según su exposición, priorizará la ofensiva contra los grupos armados por encima de la ampliación de las medidas de protección individual.
El choque institucional: la legitimidad de la JEP puesta sobre la mesa
El momento de mayor tensión se produjo cuando Ordóñez afirmó que “la legitimidad de la JEP se consigue con resultados y transparencia”. El magistrado Salazar lo interrumpió: “No venimos a discutir la legitimidad de la JEP. Le pido que se limite al tema de protección”. El ministro replicó que no había terminado y exigió “el debido respeto”. Salazar insistió: “Aquí no estamos para juzgar a la JEP, es un asunto político que no nos compete en esta audiencia”.
El episodio no fue un simple cruce dialéctico. Refleja el pulso más amplio entre el Gobierno de De la Espriella y el tribunal de paz. El presidente ha cuestionado públicamente la JEP, llegando a calificar al exjefe guerrillero Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) de “criminal de guerra” que goza de un “salvoconducto” disfrazado de tribunal. Su partido, Salvación Nacional, ha propuesto recortes presupuestales que superan los 170.000 millones de pesos para 2027, y el propio De la Espriella ha respondido a las críticas del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, con un escueto: “¿Por qué necesita más dinero?”.
La voz de las víctimas: “La estigmatización viene de arriba”
La jornada también dio espacio a los firmantes. Rodrigo Londoño, máximo líder del partido Comunes, intervino para denunciar que el discurso del Gobierno está poniendo en riesgo a los excombatientes. “La estigmatización viene de arriba. Las declaraciones no son una simple opinión, son un factor de riesgo, porque llevan a los grupos armados a ver los firmantes como objetivo”, afirmó.
Londoño solicitó a la JEP requerir a la Unidad Especial de Investigación para que, en un plazo de 60 días, informe sobre los avances en la identificación de los autores intelectuales de los crímenes. Según los datos que maneja, de 427 casos de homicidio, tentativa y desaparición, solo 63 han llegado a sentencia condenatoria. También advirtió de un dato preocupante: aunque los homicidios se redujeron este año, las tentativas aumentaron un 75%.
El contexto presupuestal: una JEP asfixiada mientras se le exige resultados
La audiencia se produjo en un momento en el que la JEP enfrenta una presión financiera sin precedentes. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una reducción de más de 170.000 millones de pesos para el tribunal, recursos que se trasladarían a la justicia ordinaria. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido de que este recorte compromete la operatividad del tribunal y ha llevado su queja hasta la Corte Penal Internacional (CPI) , alegando un posible incumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en el Acuerdo de Cooperación suscrito con la Fiscalía de la CPI en 2021.
Paralelamente, la Defensoría advirtió de que el presupuesto de 2027 también contempla una reducción del 79,1% en los recursos de inversión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) , lo que afectaría proyectos productivos, vivienda y acompañamiento a los reincorporados.
Precisiones necesarias
Cabe subrayar varios aspectos para una lectura rigurosa de esta información. En primer lugar, las cifras de firmantes asesinados varían según la fuente y la fecha de corte: la JEP habla de 533 con corte al 30 de octubre de 2026, mientras que el ministro Ordóñez citó 501 y la Defensoría, basándose en Indepaz, manejó 521 con corte al 18 de julio de 2026. Estas diferencias son habituales en registros de violencia con distintas metodologías y fechas de actualización, y no invalidan la magnitud del fenómeno.
En segundo lugar, la atribución de los homicidios a las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN es la que maneja la JEP en su informe, pero no constituye una imputación penal individualizada contra personas concretas. Los procesos judiciales para identificar y condenar a los responsables avanzan por separado, y el bajo número de sentencias (63 de 427 casos) refleja la dificultad de esclarecer estos crímenes.
En tercer lugar, el cruce entre Ordóñez y el magistrado Salazar es un episodio de tensión institucional, no una sanción ni una decisión judicial. Las afirmaciones del ministro sobre el Acuerdo de Paz y sobre la “feria de los esquemas” son declaraciones políticas del Gobierno, no conclusiones establecidas por un tribunal. La JEP, por su parte, defiende su legitimidad constitucional y su función de investigar y juzgar los crímenes más graves del conflicto.
Finalmente, ninguna de las personas e instituciones mencionadas ha sido declarada culpable de delito alguno en el marco de esta información. El enfoque de la nota es descriptivo y se basa en los informes oficiales de la JEP, la Defensoría del Pueblo y las declaraciones de los funcionarios recogidas por medios como El Espectador, Cambio Colombia, Infobae (citando a EFE), El País, Blu Radio y La Opinión, contrastados entre sí para ofrecer una versión coherente y verificable de lo sucedido. El debate sobre la protección de los firmantes de paz continúa abierto, y la tensión entre el Gobierno y la JEP se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda política colombiana en los próximos meses.
