La Procuraduría cita a Deicy Jiménez y a su supervisor: el rastro de los contratos que salpican al expresidente Petro
La Procuraduría General de la Nación ha decidido acelerar el paso en el caso que ha sacudido los cimientos del petrismo. El Ministerio Público citó a Deicy Jiménez para el próximo lunes 9 de noviembre, con el fin de que rinda declaración sobre la presunta red de contratos otorgados a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro. Un día después, el martes 10, deberá comparecer Tito Lorenzo Lobo, quien supuestamente se desempeñaba como supervisor del contrato que Jiménez tuvo en la Segunda Vicepresidencia del Senado. La entidad no solo busca escuchar su versión: según la información disponible, el eje central de la indagación es determinar el origen real de la vinculación de Jiménez con distintas entidades del Estado, un rastro que, de acuerdo con los registros públicos, se extiende a por lo menos cuatro dependencias y supera los 130 millones de pesos.
El rompecabezas contractual: de Senado a Mininterior, pasando por Dapre
El procurador General, Gregorio Eljach, ha sido explícito sobre el enfoque de la investigación. Según declaraciones recogidas por Noticias Caracol, lo que se busca es “hallar el origen de la vinculación de Jiménez a entidades del Estado”, y para ello se está recopilando un “dossier” que permita “llegar a una verdad real y no a suposiciones”.
Los registros públicos, de acuerdo con la revisión de La Silla Vacía, muestran que Jiménez tuvo contratos desde 2023 —cuatro años después de la fecha en que dice haber conocido a Petro— en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La suma de esos diez contratos, según lo consignado en el SECOP y difundido por Cambio, ascendería a 133,5 millones de pesos.
El caso dio un giro cuando se conoció un chat que, supuestamente, compromete directamente al expresidente. De acuerdo con la información revelada por la unidad investigativa de Noticias Caracol y recogida por Minuto30, el 12 de diciembre de 2025, Petro le habría escrito a la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de MinInterior”. La funcionaria habría respondido: “Perfecto, señor presidente”. Diecinueve días después, el contrato de Jiménez con esa cartera —que ascendía a 11,1 millones y vencía el 31 de diciembre— fue renovado en enero de 2026 por 30 millones de pesos.
La maquinaria judicial: tres frentes abiertos en paralelo
La citación de la Procuraduría no es una actuación aislada. Según ha podido confirmar Infobae, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, ordenó el mismo jueves 5 de noviembre una inspección judicial en la Secretaría del Senado para recopilar la documentación contractual de Jiménez y una inspección forense a su teléfono celular, que se encuentra en poder de la Fiscalía. El objetivo es extraer información digital que permita verificar los señalamientos y reconstruir las circunstancias de los presuntos ofrecimientos.
A ello se suma la indagación previa que la Procuraduría abrió de oficio el pasado 26 de octubre, según reveló Semana, en la que se ordenó pedir información a cinco entidades —incluidas la Presidencia, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y la Superintendencia de Salud— sobre cualquier vínculo contractual de Jiménez desde 2019. La indagación no se limita a las posibles irregularidades administrativas: también busca establecer si se configuraron “conductas constitutivas de acoso y violencia de género” contra un número plural de mujeres que habrían sido contratadas con una finalidad distinta a la del servicio público.
El contexto de una denuncia que no cesa
La comparecencia de Jiménez ante la Procuraduría se produce después de una maratónica diligencia en la Fiscalía que se extendió por 15 horas y 45 minutos, en la que entregó su celular y el material audiovisual que, supuestamente, sustenta su versión. En un mensaje publicado en redes sociales, la denunciante afirmó: “No vine a hacer espectáculo. Vine a cumplir con mi deber. No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones”, y añadió que su compromiso es con “una verdad que merece ser denunciada”. Su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunció a la defensa alegando motivos de seguridad personal, según informó La Silla Vacía, lo que supuestamente añade una capa de complejidad al proceso.
La denuncia original, presentada en una entrevista con la revista Semana, describe una presunta red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos estatales a cambio de compañía, favores sexuales y silencio. Petro ha negado las acusaciones y ha asegurado que “no hay corrupción, no hay un contrato, ni un pago”. La pelota, por ahora, está en el tejado de la Procuraduría, que el lunes 9 de noviembre escuchará por primera vez, en sede disciplinaria, la versión de la mujer que ha puesto en jaque la credibilidad de un gobierno y ha obligado a la justicia a mirar, supuestamente, hacia los rincones más oscuros de la contratación pública.
