viernes, noviembre 20, 2026
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Manifiesto de una realidad incómoda para Cali: el racismo continúa presente en distintos espacios de la vida cotidiana y sus consecuencias no se limitan a las agresiones verbales.

El caso más reciente ocurrió durante la madrugada del 15 de noviembre de 2026, en el barrio Obrero, en el centro de Cali. La auxiliar de Policía Jazlí Tatiana Carabalí Arroyo se encontraba prestando servicio junto a otra uniformada cuando, según la información difundida por la Policía y los medios de comunicación, un hombre comenzó a dirigirles expresiones ofensivas y comentarios relacionados con el color de piel de la joven.

La escena quedó registrada en una grabación que posteriormente circuló por las redes sociales. Las imágenes provocaron numerosas reacciones de rechazo y llevaron a la Policía Metropolitana de Cali a anunciar acompañamiento jurídico y psicológico para la auxiliar y su familia.

Carabalí, que llevaba nueve meses vinculada a la institución, agradeció públicamente las muestras de apoyo después de recibir un reconocimiento de la Alcaldía. Su mensaje fue más allá de su propia experiencia: pidió que situaciones similares no vuelvan a repetirse contra ninguna otra persona.

El episodio ha reabierto una discusión que la ciudad ya había afrontado en mayo de 2025, cuando el agente de tránsito José Félix Angulo fue objeto de insultos racistas durante un procedimiento en el barrio San Fernando. En aquel caso, la agresión también quedó registrada y tuvo consecuencias judiciales: el agresor fue condenado a 37 meses de prisión por violencia contra servidor público agravada y actos de discriminación racial agravados, según la información publicada entonces por distintos medios.

Dos episodios separados por aproximadamente un año y medio han servido para recordar que la discriminación racial no puede abordarse únicamente cuando aparece un vídeo viral o cuando una víctima denuncia públicamente lo ocurrido.

Una ciudad con una importante presencia afrodescendiente

Cali tiene una relación histórica, cultural y demográfica estrechamente vinculada a las comunidades negras y afrocolombianas. Su identidad musical, gastronómica, artística y social está profundamente marcada por las aportaciones de estas poblaciones, muchas de ellas procedentes del Pacífico colombiano.

La dimensión demográfica también resulta significativa. La auditoría de la Contraloría General de Santiago de Cali sobre la política pública afro recoge que, de acuerdo con el Censo de 2018, la población afrodescendiente representaba aproximadamente el 28,6 % de los habitantes de la ciudad.

Esto significa que las desigualdades que afectan a este colectivo no constituyen un asunto marginal, sino una cuestión central para el desarrollo social y económico de la capital vallecaucana.

Sin embargo, el reconocimiento de la diversidad cultural no garantiza por sí mismo la igualdad de oportunidades. Las diferencias en el acceso al empleo, los ingresos, la educación, la vivienda y los servicios públicos pueden mantenerse incluso en ciudades donde la presencia afrodescendiente forma parte esencial de la identidad colectiva.

El debate, por tanto, debe ir más allá de condenar los insultos. También requiere analizar las condiciones que hacen que determinados grupos encuentren más dificultades para acceder a oportunidades en igualdad de condiciones.

El empleo y los ingresos reflejan diferencias persistentes

Uno de los ámbitos donde las desigualdades aparecen con mayor claridad es el mercado laboral. Un análisis difundido por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, vinculado a la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia, junto con información de Cali Cómo Vamos, identificó diferencias importantes entre la población afrodescendiente y el conjunto de habitantes de Cali y Yumbo.

Según esos datos, en 2024 la tasa de desempleo de la población afro alcanzó el 14,9 %, frente al 11 % registrado para el conjunto de la población. La diferencia fue de 3,9 puntos porcentuales.

El informe también calculó que los ingresos laborales medios de los trabajadores afrodescendientes eran un 24,6 % inferiores a los del conjunto de la población analizada. Mientras el ingreso mensual promedio de un trabajador afro se situaba alrededor de 1.518.905 pesos, el promedio general alcanzaba los 1.891.983 pesos.

Las diferencias no se limitaban al salario. El estudio señalaba que 48 de cada 100 personas afrodescendientes cotizaban a pensión, frente a una media general de 52 por cada 100.

Estas cifras no demuestran por sí solas que cada diferencia tenga como causa directa un acto de discriminación racial. Para establecer las causas concretas sería necesario analizar factores como la formación, la experiencia, el sector económico, las condiciones familiares y las prácticas de contratación. Sin embargo, sí muestran una desigualdad que merece atención y que puede reproducir desventajas entre generaciones.

La situación resulta especialmente delicada para las mujeres afrodescendientes. El mismo análisis indica que solo el 39,1 % de las mujeres afro de Cali encuestadas declaró tener un trabajo remunerado, frente al 45,1 % de las mujeres no afro.

Además, las responsabilidades de cuidado y las dificultades para encontrar empleo formal pueden empujar a muchas mujeres hacia actividades independientes con escasa protección social. La desigualdad racial se cruza así con las diferencias de género y las condiciones económicas del hogar.

La educación y la vivienda también forman parte del problema

Las oportunidades educativas constituyen otro factor determinante para comprender las desigualdades. El análisis de Cali Cómo Vamos citado por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres señaló que 21 de cada 100 personas afrodescendientes tenían la educación terciaria como máximo nivel educativo, frente a 28 de cada 100 en el conjunto de la población.

Esta diferencia no debe interpretarse como una falta de interés por la educación. Es necesario considerar las condiciones económicas, el acceso a centros educativos, la necesidad de incorporarse tempranamente al mercado laboral y las posibilidades de continuar los estudios.

En materia de vivienda, el mismo análisis apuntó a una mayor presencia de hogares afrodescendientes en los estratos 1 y 2 y a condiciones de hacinamiento más frecuentes.

La acumulación de estas desventajas puede limitar las posibilidades de movilidad social. Una familia con ingresos más bajos, mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada y menos oportunidades de formación tiene también más obstáculos para mejorar sus condiciones de vida.

Por eso, reducir el racismo exige políticas que no se limiten a campañas de sensibilización. También implica mejorar el acceso al empleo formal, garantizar una educación de calidad y corregir las desigualdades territoriales que afectan a los barrios con mayor presencia de población afrodescendiente.

La ONU advierte de un racismo estructural en Colombia

La preocupación no se limita a organizaciones sociales o instituciones académicas. En mayo de 2026, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de Naciones Unidas para promover la justicia y la igualdad raciales en la aplicación de la ley presentó sus conclusiones después de una visita de once días a Bogotá, Quibdó, Cartagena y Cali.

El organismo concluyó que en Colombia persiste un racismo estructural, sistémico e histórico que sigue generando exclusión, violencia y desconfianza hacia las instituciones entre las comunidades afrodescendientes.

Entre los asuntos señalados figuraban los testimonios sobre perfilamiento racial, especialmente contra jóvenes negros, y las denuncias de controles policiales desproporcionados basados en estereotipos.

Los expertos también alertaron sobre las consecuencias de determinadas medidas correctivas y multas policiales, que, según sus observaciones, pueden convertirse en mecanismos de exclusión social y económica cuando afectan de manera desproporcionada a determinados colectivos.

El informe no atribuye automáticamente esas prácticas a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad, pero sí plantea la necesidad de revisar los procedimientos, reforzar la rendición de cuentas y garantizar que las actuaciones policiales respeten los derechos fundamentales.

Entre sus recomendaciones preliminares figuraban mejorar los mecanismos de investigación de las denuncias de discriminación racial y abordar las deficiencias institucionales que contribuyen a perpetuar las desigualdades.

Las conclusiones tienen especial relevancia para Cali, una de las ciudades visitadas por el mecanismo internacional y uno de los principales núcleos urbanos de población afrodescendiente del país.

Una política pública que necesita resultados

Cali cuenta desde 2019 con una política pública dirigida a la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, conocida como Cali Afro. Su objetivo es promover el reconocimiento de derechos, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de estas comunidades.

Sin embargo, una auditoría de la Contraloría General de Santiago de Cali, publicada en septiembre de 2025 y centrada en el periodo 2020-2024, detectó importantes deficiencias en su implementación.

El organismo de control señaló que el avance global de la política alcanzó el 37 %, frente al 50 % que estaba proyectado para ese periodo. También advirtió de problemas de planificación, coordinación entre dependencias, seguimiento de los indicadores y evaluación del impacto real de los proyectos.

La auditoría identificó 15 hallazgos administrativos, cuatro con presunta incidencia disciplinaria, uno con incidencia fiscal y otro con incidencia penal. Estas categorías reflejan las conclusiones del órgano de control sobre la gestión examinada y no equivalen por sí mismas a condenas o responsabilidades individuales ya establecidas.

El documento también señaló que no siempre existían mecanismos suficientes para identificar a la población beneficiaria y medir los cambios producidos por las inversiones.

Este diagnóstico introduce una cuestión fundamental: no basta con que una ciudad disponga de una política pública contra la desigualdad si sus objetivos no se traducen en resultados verificables.

La lucha contra el racismo necesita recursos, programas concretos, seguimiento y evaluación. También requiere que las comunidades afectadas participen en el diseño de las medidas y puedan comprobar si las actuaciones institucionales están mejorando sus condiciones de vida.

Las denuncias deben traducirse en respuestas y garantías

En el caso de Jazlí Tatiana Carabalí, las autoridades anunciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido. La Policía comunicó su intención de acompañarla en la presentación de la denuncia penal, mientras que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó de que el hombre señalado había sido identificado y que se habían anunciado medidas administrativas y disciplinarias por su presunta vinculación laboral con una entidad descentralizada del Distrito.

La responsabilidad penal, no obstante, deberá determinarse mediante el procedimiento correspondiente y con respeto a la presunción de inocencia.

En Colombia, la Ley 1482 de 2011, modificada posteriormente por la Ley 1752 de 2015, incorporó al Código Penal disposiciones para sancionar determinados actos de racismo y discriminación. Entre las conductas contempladas se encuentran los actos que arbitrariamente impidan, obstruyan o restrinjan el ejercicio de los derechos por motivos de raza, entre otros factores.

La aplicación de estas disposiciones depende de las circunstancias concretas y de la valoración de las autoridades judiciales. No toda expresión ofensiva tiene automáticamente la misma calificación penal, por lo que será necesario examinar los hechos y las pruebas disponibles.

Más allá del desenlace judicial de este episodio, el desafío para Cali es evitar que cada nueva denuncia termine reducida a una reacción de indignación que desaparece cuando deja de circular el vídeo.

La ciudad necesita mecanismos eficaces para atender a las víctimas, prevenir nuevas agresiones, mejorar las oportunidades económicas y garantizar que las políticas públicas lleguen a los territorios donde persisten las mayores desigualdades.

El racismo no se manifiesta únicamente en una palabra ofensiva o en una agresión pública. También puede reproducirse mediante prejuicios en los procesos de selección laboral, barreras para acceder a determinados servicios, estereotipos sobre los barrios y diferencias persistentes en las oportunidades educativas y económicas.

La dimensión del problema exige respuestas que duren más que la repercusión de un caso en redes sociales. El respeto a la diversidad debe reflejarse tanto en el comportamiento individual como en las decisiones de las instituciones, las empresas y las administraciones públicas.

La pregunta que queda abierta para Cali es si será capaz de convertir el rechazo social a estos episodios en medidas sostenidas que reduzcan las desigualdades. Porque una ciudad no supera el racismo únicamente condenando los insultos: también debe combatir las condiciones que permiten que la discriminación continúe reproduciéndose en la vida cotidiana.

Fuentes consultadas y contraste

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