Ocho días de silencio y un río como única salida: el desplazamiento que dejó al descubierto la guerra en el Chocó
La comunidad indígena emberá de Villanueva Jurubirá, en Nuquí (Chocó), permaneció confinada durante más de una semana sin poder pescar, recolectar alimentos ni alertar a las autoridades. Según la información disponible y los reportes de la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo por el control de corredores estratégicos habrían sido el detonante de un desplazamiento que, presuntamente, afectó a cerca de 500 personas y dejó al menos dos muertos y un desaparecido.
El episodio, de acuerdo con el relato reconstruido por medios como El Espectador y La FM, comenzó a gestarse en la última semana de octubre. La comunidad de Villanueva Jurubirá, ubicada en el corregimiento de Jurubidá, quedó atrapada en medio de los combates entre las dos estructuras armadas ilegales. Durante ocho días, según testimonios citados por esos medios, sus habitantes no pudieron salir a pescar ni a recoger alimentos, y la falta de comunicación les impidió dar aviso a las autoridades.
La situación se habría tornado crítica con el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva, hechos que la Defensoría del Pueblo habría reportado en su Alerta Temprana 009, emitida apenas dos días antes del desplazamiento. Según la información difundida por la Defensoría, la comunidad tomó entonces la decisión de abandonar su territorio. A las 5:30 de la tarde del 1 de noviembre, de acuerdo con el reporte de El Espectador, 258 indígenas se movilizaron en canoas río abajo, portando banderas blancas, hacia la cabecera municipal de Nuquí.
Las cifras, sin embargo, no son unívocas. Mientras el reporte inicial de la Defensoría del Pueblo advertía sobre el desplazamiento de “aproximadamente 500 indígenas” de la comunidad de Villa Nueva, la Gobernación del Chocó, en un comunicado citado por Occidente, confirmó el desplazamiento de “por lo menos 282 indígenas” y reportó dos personas fallecidas, una desaparecida y 16 habitantes en riesgo inminente. Según la información disponible, la discrepancia podría explicarse por la evolución de la emergencia y por la inclusión de familias de sectores aledaños que también habrían abandonado sus viviendas.
El contexto regional agrava la lectura del episodio. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo —este último autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— por el control de los corredores del San Juan y del Baudó ya había provocado emergencias humanitarias similares en 2026. En agosto, según reportes de Cambio Colombia y la propia Defensoría, los combates en los municipios de Sipí y Nóvita habrían dejado a 1.366 personas evacuadas y a otras 1.339 afectadas por confinamiento, en medio de la emergencia generada por el sismo de magnitud 7,4. La Defensoría también habría documentado el uso de drones con explosivos improvisados en esa subregión, un hecho que, supuestamente, marcaría una escalada en la confrontación.
La dimensión estructural del fenómeno la aportan los organismos internacionales. Según el informe departamental de OCHA para Chocó correspondiente a 2025, el confinamiento y el desplazamiento continuaron siendo las principales afectaciones por conflicto armado en el departamento, con comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentando impactos desproporcionados. CODHES, por su parte, de acuerdo con reportes de El Nuevo Siglo, registró 3.781 víctimas de desplazamiento en Chocó al cierre de 2025, con Sipí, El Carmen de Atrato y Acandí entre los territorios más golpeados.
La respuesta institucional, según el comunicado de la Gobernación del Chocó citado por Occidente, se habría limitado al envío de ayudas humanitarias, la disposición de una brigada de salud y el acompañamiento psicosocial a las familias desplazadas, además de la solicitud de apoyo aéreo a la Policía Nacional para evacuar a las 16 personas que permanecían en riesgo. La Defensoría del Pueblo, de acuerdo con su comunicado, habría instado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a garantizar “atención humanitaria inmediata” con enfoque étnico y diferencial, y a actuar de manera preventiva para evitar que más familias abandonen sus territorios.
El caso de Villanueva Jurubirá no es un hecho aislado, sino según coinciden las fuentes consultadas, una expresión de la crisis humanitaria que atraviesa el Chocó, donde la disputa entre grupos armados por el control de rutas de narcotráfico y de movilidad fluvial se superpone con emergencias ambientales y con la ausencia histórica del Estado. La pregunta que queda flotando, supuestamente para las autoridades y para la comunidad internacional, es cuántas Villanueva Jurubirá más tendrán que vaciarse antes de que la alerta temprana se convierta en respuesta efectiva.
