Supertransporte somete a El Dorado a una inspección integral tras una semana de fallos técnicos y exige planes de acción con plazos concretos a OPAIN, aerolíneas y Migración.
La Superintendencia de Transporte de Colombia ha puesto en marcha una inspección integral en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, que se extenderá hasta el próximo 20 de noviembre, con el objetivo de verificar las condiciones en las que se prestan los servicios a los viajeros y exigir correctivos frente a una serie de deficiencias que, según la entidad, se vienen acumulando y que han generado un número creciente de reclamaciones. La decisión se adoptó tras una mesa de trabajo interinstitucional celebrada el 11 de noviembre, en la que participaron el concesionario OPAIN, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Migración Colombia, las aerolíneas y otras autoridades vinculadas a la operación aeroportuaria .
Los problemas identificados: de las demoras en equipajes al transporte informal
Durante la reunión se expusieron las principales dificultades que, según la Superintendencia, afectan a los usuarios de la principal terminal aérea del país. Entre ellas figuran los tiempos de entrega de equipaje, las congestiones en los procesos de atención a viajeros internacionales —especialmente en horas de alta demanda—, los problemas de seguridad en las zonas de llegada, la presencia de transporte informal y ventas no autorizadas en los alrededores del aeropuerto, así como las limitaciones de capacidad de la infraestructura para responder al creciente flujo de pasajeros .
La mesa también abordó el costo de los tiquetes aéreos y la atención a pasajeros con movilidad reducida, aspectos que, según la Superintendencia, serán objeto de seguimiento por parte de la autoridad de transporte . La superintendente de Transporte, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, señaló que el propósito de la intervención es garantizar que las soluciones planteadas por las diferentes entidades «se traduzcan en mejoras concretas para los viajeros» .
Los compromisos asumidos por cada entidad
Como resultado de la mesa de trabajo, se fijaron compromisos específicos para los distintos actores de la operación aeroportuaria. OPAIN continuará trabajando con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las autoridades distritales para fortalecer los mecanismos de control en las zonas aledañas al aeropuerto. La ANI, por su parte, adelantará acciones relacionadas con el control del comercio informal y gestionará una resolución para incluir al aeropuerto dentro de una zona de manejo especializado .
Las aerolíneas participarán en mesas técnicas destinadas a analizar los factores que inciden en el valor de los tiquetes, incluidos impuestos, tasas aeroportuarias, costos de combustible y otros gastos operacionales. Según precisó Caracol Radio, este ejercicio busca revisar los componentes de las tarifas, pero no implica que se haya ordenado una reducción de los precios . La Superintendencia también solicitará planes de acción con responsables y fechas concretas a Migración Colombia, las aerolíneas, OPAIN y la Policía Nacional, centrados en tres frentes prioritarios: la entrega de equipajes, la atención durante las horas pico y el control del transporte informal .
El contexto: una semana de contingencias técnicas
La inspección se produce después de una semana especialmente complicada para El Dorado. El 4 de noviembre, una falla en el software de gestión del tráfico aéreo AIRCON ICOM, fabricado por INDRA y adquirido en 2013, dejó en negro las pantallas del centro de control de Bogotá, impidiendo a los controladores visualizar el seguimiento de las aeronaves. La contingencia, que se prolongó cerca de hora y media, provocó retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos de aerolíneas como Avianca, LATAM y Wingo .
La Aerocivil reconoció posteriormente, en una mesa técnica convocada por la Procuraduría General de la Nación, que el sistema presenta obsolescencia y se comprometió a suscribir antes de finalizar 2026 el contrato para su renovación y mantenimiento especializado, con el objetivo de que su ejecución comience el 2 de enero de 2027. La Procuraduría abrió una actuación preventiva para vigilar el cumplimiento de ese compromiso .
A esta contingencia se sumó, el 10 de noviembre, una falla en los servidores que soportan las plataformas de registro y embarque de pasajeros, así como el sistema de verificación VeriPax, que obligó a realizar procedimientos manuales para la expedición de pasabordos y el etiquetado de equipajes . Además, el 11 de noviembre las operaciones aéreas tuvieron una suspensión programada por el cierre temporal de pistas debido a ensayos de la Fuerza Aérea Colombiana, circunstancia que también obligó a ajustes en los itinerarios de las aerolíneas .
La inspección también alcanza las finanzas de OPAIN
Más allá de la operación diaria, la inspección de la Superintendencia comprende tres grandes frentes, según informó Portafolio: la infraestructura y la operación, la situación financiera y jurídica de OPAIN y la accesibilidad del aeropuerto para todos los usuarios. La superintendente Vergara fue explícita al respecto durante la instalación de la diligencia: «No venimos a hacer una visita de cortesía. Venimos a ejercer nuestras competencias, con rigor técnico, independencia y objetividad». Y añadió: «Una operación aeroportuaria sostenible también requiere una administración responsable, transparente y ajustada a las obligaciones contractuales y legales» .
La revisión de las finanzas del concesionario se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la capacidad de la infraestructura y la sostenibilidad del modelo de concesión, aunque hasta el momento no se ha formulado ninguna acusación formal ni se ha abierto una investigación judicial contra OPAIN por estos hechos. La inspección es una actuación administrativa de la Superintendencia en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control.
Precisiones necesarias
Cabe subrayar que la información sobre la inspección y los compromisos asumidos procede de los comunicados y declaraciones de la Superintendencia de Transporte recogidos por los medios citados, y que se trata de actuaciones administrativas en curso, no de sanciones firmes. Las entidades involucradas no han sido declaradas responsables de forma definitiva por ningún órgano jurisdiccional. La descripción de la falla del 4 de noviembre como un problema de «software obsoleto» corresponde a la explicación ofrecida por la Aerocivil ante la Procuraduría, y la causa técnica definitiva aún está pendiente del informe del fabricante INDRA . Las cifras sobre retrasos y cancelaciones de vuelos no han sido unificadas de forma oficial en la información pública disponible hasta el momento.

