La jueza de Gijón decreta el cese total de actividad de la organización Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón ha dictado un auto por el que acuerda la suspensión total de actividades, la clausura y precintado de los locales y el bloqueo del contenido digital en redes sociales y de las cuentas bancarias de la organización Núcleo Nacional (NN), según han confirmado fuentes jurídicas y han recogido EFE, Europa Press, elDiario.es y La Sexta. La decisión, adoptada este jueves 12 de noviembre de 2026, se produce en el marco de la investigación abierta tras el operativo policial del pasado viernes 6 de noviembre, que se saldó con 14 detenciones y una decena de registros en varias provincias españolas.
Las medidas afectan tanto a la propia organización como a los investigados. Según precisó Europa Press, el auto acuerda el cese de actividad, la clausura de locales, el bloqueo de contenido digital y el bloqueo de cuentas bancarias para diez de los detenidos que ya habían comparecido ante la magistrada, además de para la propia entidad. A estos diez se les impusieron con anterioridad medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, todos los viernes. La instrucción permanece bajo secreto, y las calificaciones jurídicas de los hechos son provisionales, pudiendo variar a lo largo del procedimiento.
El operativo policial: 14 detenidos y un arsenal incautado
La operación que desencadenó estas medidas se desplegó el viernes 6 de noviembre y estuvo coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Los arrestos se practicaron en Madrid (5), Asturias (3), Valladolid (2), Guadalajara (1), Pontevedra (1), Burgos (1) y Alicante (1). En los doce registros realizados, los agentes intervinieron más de veinte armas de fuego, gran cantidad de munición, multitud de armas blancas, táseres, defensas extensibles, escudos —uno de ellos táctico— y numerosos objetos contundentes, así como parafernalia de corte supremacista.
La investigación se inició a principios de 2026 a raíz de unos altercados ocurridos en las inmediaciones de un colegio en Gijón, en los que resultaron heridos varios estudiantes. A partir de ahí, los agentes pusieron el foco sobre un grupo de jóvenes de extrema derecha del Principado conocidos como “White Boys”, muchos de ellos menores de edad, que presuntamente actuaban bajo la coordinación de un miembro de la junta directiva de Núcleo Nacional. Los pinchazos telefónicos y las vigilancias permitieron documentar la estructura y las acciones del grupo, y desembocaron en la detención de su cúpula un día antes de una gran manifestación convocada en Madrid.
Las acusaciones: asociación ilícita, odio y armas
A los detenidos se les imputan, según la información facilitada por las autoridades judiciales y policiales, delitos de asociación ilícita, incitación al odio y tenencia ilícita de armas. En relación con este último delito, la instructora precisa que la imputación no se fundamenta en las armas de fuego intervenidas —pues casi todos los investigados disponen de licencia y las armas contarían con la correspondiente guía—, sino en la intervención de armas prohibidas, como puños americanos y pistolas táser. La Policía Nacional ha señalado que Núcleo Nacional está investigada por presuntamente captar y adoctrinar a jóvenes y menores de edad e incitarlos a realizar “acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia contra otros colectivos vulnerables”.
La calificación de “organización paramilitar”
El auto de la magistrada, según ha podido comprobar elDiario.es en la documentación del caso, va más allá de la simple asociación ilícita. La jueza considera que Núcleo Nacional puede ser calificada como una organización “paramilitar”, con una “clara subordinación” entre sus miembros que “planifican y coordinan las acciones llevadas a cabo por los militantes, muchas de ellas de carácter violento”. Esta calificación es especialmente relevante porque sitúa a la entidad en un marco de actuación que excede la actividad política o asociativa ordinaria, y conecta con los hallazgos del sumario sobre la preparación militar de sus integrantes.
El sumario: captación de menores y entrenamiento en Ucrania
El sumario de la investigación, de 126 páginas y al que ha tenido acceso RTVE, revela que los investigados habrían recibido formación paramilitar en Ucrania. Según el informe policial, varios miembros de Núcleo Nacional se desplazaron en agosto a ese país para recibir “formación militar y experiencia en escenarios reales” por parte de las Brigadas Azov, para después “transmitir dichos conocimientos a militantes de Núcleo Nacional en España”. Los agentes infieren de ello, con preocupación, que la asociación “podría tener acceso a armas de guerra”.
El sumario también documenta la existencia de un grupo de mensajería de más de 40 miembros con simbología y consignas nazis, descrito por la Policía como “un grupo violento de carácter juvenil de ultraderecha, movido por el odio”. Entre sus integrantes habría menores y jóvenes de entre 14 y 22 años, con “una estructura de cohesión y disciplina interna”. Los agentes señalan que estos jóvenes “podrían haber sido reclutados por un adulto” que mantenía “una fuerte disciplina entre ellos”, identificado como un “miembro histórico de ideología de ultraderecha asturiana” vinculado a varios partidos de la misma tendencia.
La estructura empresarial
La radiografía policial de Núcleo Nacional, publicada por Las Provincias, describe una organización que, pese a su ideología de ruptura, administra su proyecto con una estructura de empresa. Los servicios de información han identificado siete departamentos —incluidos Economía, Propaganda, Organización, Jurídico y Relaciones Internacionales—, control de morosos y normas de vestuario. La cúpula está encabezada por Iván Rico Olivares, presidente y portavoz, y en ella figuran su hermano David Rico (Propaganda), Enrique Lemus Sánchez (Economía y Afiliaciones), Jesús Antonio Ruiz Gómez (Organización), el músico Alberto ‘Pugilato’ Gonzalo de Juan, Joaquín Yebra-Pimentel y Carlos José Coloma Valls ‘Areta’.
El grupo se atribuía 1.100 militantes, aunque la Comisaría General de Información no ha logrado verificar un censo nacional. El material incautado sí permite dibujar un mapa territorial con siete delegaciones —Madrid, Asturias, Valladolid, Burgos, Valencia, Alicante y Málaga, entre otras— y al menos trece predelegaciones, con presencia también en País Vasco, Navarra, Galicia, Canarias, Baleares y Ceuta. Valencia destacaba con 200 afiliados mencionados en conversaciones.
Precisiones necesarias
Cabe subrayar que la información sobre las acusaciones procede de fuentes judiciales y policiales citadas por los medios, y que la causa se encuentra bajo secreto de instrucción. Las calificaciones de los hechos —asociación ilícita, odio, tenencia ilícita de armas y la consideración de “organización paramilitar”— son provisionales y pueden modificarse a lo largo del procedimiento. Los detenidos gozan de la presunción de inocencia y no han sido declarados culpables por un tribunal. La decisión de cese de actividad y cierre de sedes es una medida cautelar adoptada en el marco de la investigación, no una sentencia condenatoria. La atribución de los delitos y la descripción de la estructura de la organización se basan en los atestados policiales y en el auto judicial, y no constituyen una verdad jurídica definitiva hasta que se resuelva el procedimiento.
