De la Espriella ordena revisar los bienes de las FARC destinados a las víctimas: las cifras de la reparación abren un nuevo frente político
El presidente colombiano cuestiona los resultados económicos del Acuerdo de Paz de 2016 y anuncia que investigará las diferencias entre los activos inventariados y los que llegaron efectivamente a manos del Estado. La Contraloría ya había advertido de incumplimientos y dificultades para convertir esos bienes en recursos, mientras que un informe posterior de la SAE reconoce transferencias superiores a los 45.978 millones de pesos para reparar a las víctimas.
Medellín / Bogotá, Colombia. 22 de noviembre de 2026.
La reparación económica de las víctimas del conflicto armado vuelve a situarse en el centro de la controversia política colombiana. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno revisará el inventario de bienes y activos que las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a entregar tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, al considerar que los resultados obtenidos hasta ahora no corresponden con la dimensión de los daños ocasionados durante décadas de conflicto.
El anuncio fue realizado el sábado 21 de noviembre durante un acto celebrado en el Teatro Metropolitano de Medellín, en el que se entregaron cartas de indemnización a más de 1.000 víctimas del conflicto armado en Antioquia.
Durante su intervención, el mandatario cuestionó que, después de casi diez años de la firma del acuerdo, todavía existan diferencias entre los bienes que fueron incluidos en los inventarios de las antiguas FARC y aquellos que finalmente se recuperaron y pudieron convertirse en recursos económicos destinados a las personas afectadas.
De la Espriella aseguró que utilizará los mecanismos legales disponibles para investigar posibles incumplimientos y determinar si existieron irregularidades en la administración de esos activos.
«La distancia entre lo inventariado y lo efectivamente recuperado exige explicaciones y responsabilidades», manifestó el presidente, según las declaraciones recogidas por diferentes medios de comunicación.
El jefe del Estado también insistió en que la desmovilización de los integrantes de la antigua guerrilla no debe interpretarse como una exoneración de sus obligaciones económicas frente a las víctimas.
La intervención presidencial llega a pocos días del décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, previsto para el 24 de noviembre, y vuelve a abrir el debate sobre uno de los compromisos más cuestionados de su implementación: la reparación material de quienes sufrieron secuestros, desplazamientos, asesinatos, desapariciones y otras graves consecuencias de la violencia.
El inventario de bienes de las FARC, bajo la lupa del Gobierno
Uno de los principales compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz fue que las antiguas FARC contribuyeran a la reparación material de las víctimas mediante la entrega de bienes y activos obtenidos durante su actividad armada.
El mecanismo contemplaba que los recursos procedentes de esos bienes fueran administrados por el Estado y destinados a financiar medidas de reparación.
Para desarrollar ese proceso se estableció la participación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de recibir, administrar y monetizar los activos, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tendría la responsabilidad de utilizar los recursos correspondientes dentro de los mecanismos de reparación.
Sin embargo, la aplicación de este compromiso se encontró con importantes dificultades desde sus primeras etapas.
La información incluida en el inventario inicial, presentado en 2017, no siempre permitía identificar correctamente la ubicación, el estado físico, la titularidad o el valor real de los bienes.
A esto se añadieron problemas de seguridad en determinadas regiones, dificultades para acceder a los territorios y situaciones en las que algunos activos ya no se encontraban disponibles cuando las autoridades intentaron recuperarlos.
El presidente De la Espriella considera que estas circunstancias requieren una investigación más profunda para establecer qué ocurrió con los recursos comprometidos y si las entidades responsables cumplieron adecuadamente sus funciones.
La revisión anunciada también pretende determinar si existieron responsabilidades individuales o institucionales en los casos en los que los bienes no llegaron a materializarse o no pudieron transformarse en dinero.
Por ahora, el anuncio presidencial no equivale a una conclusión judicial sobre posibles delitos. Será necesario conocer qué documentación se revisará, qué entidades participarán y qué resultados arrojarán las comprobaciones.
La Contraloría ya había advertido de problemas en la recuperación de los activos
Las declaraciones del presidente no surgen en un contexto sin antecedentes.
El 20 de enero de 2026, la Contraloría General de la República publicó un informe de seguimiento sobre los bienes entregados por las antiguas FARC y los recursos necesarios para cumplir las primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El organismo de control identificó dificultades relacionadas con la entrega de los activos, su recuperación y los procedimientos necesarios para convertirlos en recursos destinados a la reparación.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la Contraloría fue la falta de financiación suficiente para ejecutar las primeras sentencias de la JEP.
Según sus cálculos, las dos primeras decisiones judiciales requerían aproximadamente 121.858 millones de pesos para desarrollar sus componentes restaurativos y reparadores durante 2026. Sin embargo, los recursos disponibles ascendían a unos 20.000 millones.
Esto representaba un déficit de financiación del 83,6 %, equivalente a 101.858 millones de pesos.
La Contraloría también advirtió de que determinados compromisos relacionados con la entrega de bienes no se habían materializado conforme a lo previsto.
En su análisis sobre los recursos recibidos, el organismo señaló que la información suministrada por la SAE reflejaba una monetización de apenas 448.500 dólares en efectivo procedentes de los bienes entregados, después de descontar 1.500 dólares que resultaron falsos.
El informe reclamó medidas para garantizar que las obligaciones de reparación no quedaran sin financiación y que las instituciones responsables aclararan las diferencias detectadas.
No obstante, es importante distinguir entre el dinero procedente de los bienes de las antiguas FARC y los recursos que necesita la JEP para ejecutar sus sanciones restaurativas. Son mecanismos diferentes y no deben sumarse ni confundirse como si pertenecieran a una misma partida presupuestaria.
La SAE presenta un balance con más de 45.978 millones destinados a reparación
Meses después de las advertencias de la Contraloría, la Sociedad de Activos Especiales elaboró un informe de cierre sobre el proceso de recepción y administración de los bienes de las antiguas FARC.
El documento, presentado ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz el 25 de marzo de 2026, ofrece una visión más amplia de lo ocurrido durante el proceso.
Según la información publicada por El Espectador a partir de ese informe, más de 45.978 millones de pesos fueron transferidos al patrimonio autónomo destinado a la reparación de las víctimas.
El documento también reconoce que el procedimiento estuvo condicionado por importantes obstáculos.
Entre ellos aparecen los problemas de identificación de los activos, la falta de información precisa sobre su ubicación, el deterioro de determinados bienes y las dificultades para acceder a territorios donde persistían condiciones de inseguridad.
Uno de los datos más llamativos está relacionado con los bienes muebles y enseres incluidos en el inventario inicial.
De acuerdo con el informe de la SAE, de más de 51.000 elementos registrados, solamente 1.830 llegaron a entregarse materialmente.
La entidad también explicó que determinados activos no podían convertirse fácilmente en dinero debido a problemas de titularidad, dificultades de comercialización o ausencia de compradores interesados.
Otro aspecto relevante es que parte de los bienes incluidos en el inventario correspondía a infraestructuras comunitarias, carreteras, caminos y otros elementos que, por su propia naturaleza, no podían venderse para obtener recursos económicos.
Según el informe, estas categorías representaban aproximadamente el 43 % del valor total inicialmente declarado y no tenían potencial de monetización.
El balance demuestra que existieron recursos que sí llegaron a destinarse a la reparación, pero también que el sistema estuvo lejos de cumplir todas las expectativas económicas que acompañaron al compromiso inicial.
Por tanto, tanto las advertencias de la Contraloría como las conclusiones de la SAE deben analizarse conjuntamente para determinar el alcance real de los incumplimientos y las dificultades administrativas.
Más de diez millones de víctimas y una deuda de reparación todavía considerable
La controversia sobre los bienes de las antiguas FARC se produce en un país donde millones de personas continúan esperando medidas de reparación por los daños sufridos durante el conflicto armado.
La Unidad para las Víctimas informó en julio de 2026 de que el Registro Único de Víctimas contabilizaba 10.279.191 personas reconocidas dentro del sistema.
La dimensión de esta cifra permite comprender la complejidad económica y administrativa de atender a todas las personas afectadas.
En materia de indemnizaciones individuales, la entidad comunicó que durante 2025 ordenó el pago de 236.514 indemnizaciones a 220.533 personas, con una inversión superior a los 2,51 billones de pesos.
Se trata de una cantidad importante, aunque sigue existiendo una diferencia considerable entre el número de personas reconocidas como víctimas y quienes han recibido una indemnización administrativa.
En este punto es necesario realizar una precisión: no todas las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas tienen automáticamente derecho a recibir una indemnización económica por cada hecho sufrido. La normativa establece condiciones específicas de acceso y priorización.
Además, la reparación integral no se limita al pago de dinero. También incluye medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, reparación colectiva y garantías de no repetición.
Por ello, el número de indemnizaciones pagadas no representa por sí solo el grado total de cumplimiento de la política de reparación.
El presidente De la Espriella utilizó precisamente la diferencia entre las víctimas registradas y las personas indemnizadas para cuestionar los resultados del sistema y reclamar que los responsables de los crímenes contribuyan con sus propios recursos.
La JEP también queda en el centro de la discusión
Durante su intervención en Medellín, el presidente no limitó sus críticas a la entrega de bienes.
También cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, institución creada mediante el Acuerdo de 2016 para investigar, juzgar y establecer responsabilidades por los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado.
El mandatario criticó los recursos presupuestarios destinados a esta jurisdicción y cuestionó sus resultados, llegando a plantear que debería revisarse su funcionamiento.
Estas declaraciones han generado preocupación sobre el futuro de la justicia transicional y sobre la continuidad de los compromisos adquiridos con las víctimas.
La JEP tiene una función específica dentro del sistema de justicia colombiano: investigar y juzgar los crímenes más graves relacionados con el conflicto, determinar responsabilidades y establecer sanciones propias para quienes reconozcan verdad y responsabilidad en los términos previstos por la ley.
Estas sanciones incorporan componentes restaurativos y reparadores que deben traducirse en actuaciones concretas en beneficio de las víctimas y las comunidades afectadas.
En julio de 2026, la propia jurisdicción anunció el inicio de la ejecución de las primeras sanciones propias impuestas a 19 máximos responsables de las antiguas FARC y de la fuerza pública.
Entre las actividades previstas figuran trabajos de infraestructura, iniciativas productivas, desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos de fortalecimiento comunitario.
La JEP también informó de que el Gobierno había destinado una asignación inicial de 50.000 millones de pesos para poner en marcha estas actuaciones, aunque advirtió de que sería necesario garantizar recursos adicionales en los siguientes presupuestos.
Este dato resulta especialmente importante porque demuestra que el cumplimiento de las sentencias no depende exclusivamente de los bienes entregados por las antiguas FARC, sino también de la financiación y colaboración de las instituciones estatales.
El Gobierno promete investigar posibles irregularidades en la Unidad para las Víctimas
Otro de los asuntos abordados por De la Espriella durante el acto de Medellín fue la gestión contractual de la Unidad para las Víctimas.
El presidente aseguró que había recibido informes sobre supuestas irregularidades relacionadas con determinados contratos y mencionó incrementos significativos en los recursos contratados con una entidad denominada EduRed, posteriormente vinculada a Aldesarrollo.
Según las cifras que expuso el mandatario, los contratos habrían pasado de aproximadamente 674 millones de pesos en 2020 a más de 130.000 millones en 2026.
El presidente calificó esos datos como preocupantes y aseguró que la documentación correspondiente estaría en manos de las autoridades.
Sin embargo, estas afirmaciones deben considerarse declaraciones presidenciales pendientes de comprobación independiente. Un incremento contractual, por sí solo, no demuestra la existencia de corrupción ni acredita que se haya cometido un delito.
Será necesario conocer los contratos concretos, los procedimientos de adjudicación, los servicios prestados, los pagos efectuados y las posibles conclusiones de los organismos de control.
La transparencia en el uso de los recursos destinados a las víctimas resulta especialmente importante porque se trata de una población que depende en gran medida de la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos de atención y reparación.
El aniversario del Acuerdo de Paz reabre el debate sobre sus resultados
La intervención presidencial se produce en vísperas del décimo aniversario de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC, celebrado el 24 de noviembre de 2016.
Durante esta década, el país ha registrado avances importantes en materia de desmovilización, reincorporación y reconocimiento de responsabilidades, pero también ha afrontado dificultades relacionadas con la seguridad territorial, los asesinatos de excombatientes, la expansión de grupos armados y el cumplimiento de los compromisos económicos.
El debate sobre los bienes destinados a reparar a las víctimas representa una de las cuestiones más sensibles de ese balance.
Para las personas que sufrieron secuestros, desplazamientos, desapariciones y otros delitos, la reparación no es únicamente una cuestión presupuestaria. También representa el reconocimiento de los daños, la posibilidad de reconstruir sus vidas y la garantía de que las instituciones no olvidarán sus derechos.
La revisión anunciada por De la Espriella podría permitir aclarar las diferencias entre los activos inventariados, los efectivamente entregados y los recursos que llegaron a los mecanismos de reparación.
Sin embargo, el resultado dependerá de que las investigaciones se realicen con documentación verificable, transparencia y respeto por los procedimientos legales.
El Gobierno tendrá que demostrar qué bienes no fueron entregados, cuáles pudieron recuperarse, qué cantidades se monetizaron y qué responsabilidades pueden atribuirse a las diferentes partes involucradas.
La cuestión de fondo sigue siendo la misma: casi diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, miles de familias continúan esperando que los compromisos de reparación se traduzcan en resultados concretos.
La promesa de investigar el destino de los bienes de las antiguas FARC abre ahora una nueva etapa de revisión institucional. Su verdadero alcance se conocerá cuando las autoridades presenten resultados documentados y puedan determinar qué parte de los compromisos se cumplió, qué obligaciones siguen pendientes y quién debe responder por las posibles irregularidades.
Fuentes consultadas y documentación para contrastar:
1. El Espectador – 21 de noviembre de 2026. De la Espriella cuestiona la reparación material de las víctimas. Declaraciones presidenciales realizadas en Medellín.
2. El Colombiano – 21 de noviembre de 2026. El presidente anuncia una revisión del inventario de bienes de las FARC. Información sobre el acto de entrega de indemnizaciones en Antioquia.
3. Infobae – 21 de noviembre de 2026. El Gobierno investigará el inventario de bienes entregados por las antiguas FARC. Contexto de las declaraciones y del compromiso de recuperar activos.
4. Contraloría General de la República – 20 de enero de 2026. Informe sobre incumplimientos en la entrega de bienes y financiación de las sentencias de la JEP. Fuente oficial para el déficit de 101.858 millones de pesos y las dificultades detectadas.
5. Sociedad de Activos Especiales (SAE), informe de cierre de 2026. Balance de los bienes entregados por las FARC y recursos destinados a las víctimas. Documento analizado por El Espectador que recoge los 45.978 millones transferidos y los obstáculos del proceso.
6. Unidad para las Víctimas – 14 de julio de 2026. Balance de reparación e indemnizaciones durante 2025. Fuente oficial para el número de víctimas registradas y los pagos realizados.
7. Unidad para las Víctimas – 16 de noviembre de 2026. Balance de los primeros 100 días del Gobierno. Datos recientes sobre indemnizaciones y atención humanitaria.
8. Jurisdicción Especial para la Paz – 7 de julio de 2026. Inicio de las primeras sanciones propias y proyectos restaurativos. Información sobre las obligaciones de los máximos responsables y los recursos iniciales para ejecutar las sentencias.
9. Semana – 21 de noviembre de 2026. De la Espriella anuncia que perseguirá los bienes de los responsables del conflicto. Declaraciones y contexto político adicional.
10. Canal 1 – 21 de noviembre de 2026. La revisión del inventario de bienes de las antiguas FARC. Cobertura complementaria del anuncio presidencial.

