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El modelo penitenciario de Bukele gana terreno en América Latina: diez países apuestan por las megacárceles mientras crecen las dudas sobre sus resultados

La estrategia de seguridad del presidente salvadoreño inspira al menos 16 proyectos penitenciarios en diez países de la región. Costa Rica ya ha inaugurado un complejo con capacidad para 5.100 reclusos y Ecuador mantiene en funcionamiento una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, organizaciones internacionales advierten de que el encarcelamiento masivo, las restricciones judiciales y la falta de programas de rehabilitación pueden agravar los problemas que pretenden solucionar.

San Salvador / Bogotá. 22 de noviembre de 2026.

La política de seguridad impulsada por Nayib Bukele en El Salvador ha dejado de ser una experiencia nacional para convertirse en una referencia que varios gobiernos latinoamericanos observan con creciente interés. La construcción de grandes complejos penitenciarios, el endurecimiento de las condiciones de reclusión y el aislamiento de los integrantes de organizaciones criminales forman parte de una estrategia que está ganando espacio en el debate político de la región.

Desde la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en febrero de 2023, al menos diez países latinoamericanos han planteado iniciativas relacionadas con la construcción de megacárceles. Una investigación de InSight Crime, publicada en agosto de 2026, contabiliza 16 proyectos de este tipo, aunque advierte de que no todos han superado la fase de anuncio o planificación.

La expansión de esta fórmula responde, principalmente, a la preocupación de los gobiernos por el crecimiento de las organizaciones criminales, el narcotráfico, las extorsiones y la pérdida de control sobre determinados centros penitenciarios.

Sin embargo, detrás de las grandes infraestructuras y de las promesas de seguridad existe una cuestión que todavía genera controversia: ¿construir cárceles de mayor capacidad y endurecer las condiciones de los presos permite realmente desarticular las organizaciones criminales?

Los especialistas consultados por diferentes medios internacionales consideran que la respuesta no es tan sencilla. Aunque reconocen la reducción de determinados indicadores de violencia en El Salvador, advierten de que trasladar esa estrategia a países con estructuras criminales diferentes puede producir resultados muy distintos.

El CECOT se convierte en el símbolo de una nueva política penitenciaria

El origen de esta expansión se encuentra en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, situado en Tecoluca, aproximadamente a 70 kilómetros de San Salvador.

El complejo fue inaugurado en febrero de 2023 y cuenta con una capacidad anunciada de 40.000 internos, lo que lo convierte en una de las mayores infraestructuras penitenciarias de la región.

Su construcción se completó en aproximadamente siete meses y estuvo acompañada de una importante campaña institucional de comunicación. Las imágenes de grandes grupos de reclusos trasladados con la cabeza rapada, uniformados y bajo una fuerte vigilancia dieron la vuelta al mundo.

El centro fue concebido para concentrar a integrantes de organizaciones criminales considerados de alta peligrosidad y dificultar que puedan mantener comunicaciones con sus estructuras delictivas desde el interior de las prisiones.

El Gobierno salvadoreño defiende este sistema como una herramienta fundamental para impedir que las pandillas recuperen el control territorial que ejercieron durante años en distintas zonas del país.

La estrategia se apoya también en el régimen de excepción decretado en marzo de 2022, que ha permitido realizar detenciones masivas y ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades salvadoreñas sostienen que estas medidas han contribuido a transformar la situación de seguridad nacional y a reducir drásticamente los homicidios.

No obstante, organizaciones internacionales han cuestionado la manera en que se han llevado a cabo las detenciones y las garantías judiciales de los encarcelados.

Diez países latinoamericanos estudian o desarrollan proyectos similares

La influencia del modelo salvadoreño se ha extendido por diferentes regiones del continente.

Según el mapa elaborado por InSight Crime, los proyectos identificados se distribuyen entre diez países: Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, Guatemala, Chile, Paraguay y Argentina.

No todos se encuentran en el mismo punto de desarrollo. Algunos han comenzado a funcionar, otros están en construcción y varios continúan siendo propuestas anunciadas por sus respectivos gobiernos.

Esta diferencia es importante porque los anuncios políticos no equivalen necesariamente a nuevas plazas penitenciarias disponibles ni a una transformación efectiva de los sistemas de seguridad.

Entre las iniciativas que más atención han despertado destacan las de Costa Rica y Ecuador.

Costa Rica inaugura una prisión para 5.100 internos

Costa Rica ha dado uno de los pasos más importantes en esta dirección con la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), el pasado 14 de octubre de 2026.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó oficialmente que el complejo dispone de capacidad para albergar a 5.100 personas privadas de libertad, distribuidas en cinco módulos de 1.020 plazas cada uno.

La infraestructura cuenta con más de 31.000 metros cuadrados construidos y ocupa un terreno de aproximadamente 91.000 metros cuadrados.

La inversión comunicada por el Gobierno costarricense asciende a 33,15 millones de dólares, equivalentes a unos 16.774 millones de colones.

Según las autoridades, el centro estará destinado principalmente a integrantes de organizaciones criminales, cabecillas que puedan dirigir operaciones delictivas desde prisión y personas consideradas de especial peligrosidad.

La presidenta Laura Fernández y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, defendieron la inauguración como un refuerzo de las capacidades penitenciarias del país frente al avance del crimen organizado.

La apertura del CACCO supone un paso importante en la adopción de infraestructuras inspiradas en el modelo salvadoreño. Sin embargo, todavía será necesario evaluar sus resultados en materia de seguridad, control interno y rehabilitación de los reclusos.

Ecuador apuesta por cárceles de máxima seguridad

Ecuador es otro de los países que ha apostado con mayor decisión por esta estrategia.

El Gobierno de Daniel Noboa inauguró en noviembre de 2025 la denominada Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena.

El centro comenzó a recibir a sus primeros internos el 10 de noviembre de aquel año. Según las informaciones publicadas por el medio ecuatoriano Primicias, la infraestructura fue diseñada para albergar aproximadamente a 800 personas y su construcción se presupuestó inicialmente en unos 52 millones de dólares.

El complejo fue presentado por el Ejecutivo como una herramienta para recuperar el control de las prisiones y reducir la capacidad de actuación de las organizaciones criminales.

Sin embargo, su funcionamiento ha generado controversia por las restricciones impuestas a las visitas de familiares y abogados.

Una investigación publicada por Primicias en febrero de 2026 señaló que el Ministerio del Interior había confirmado que los abogados no podían acceder presencialmente al centro, aunque mantenían comunicación con sus representados mediante canales telemáticos.

La cuestión ha provocado críticas relacionadas con el derecho a la defensa y las garantías judiciales de las personas encarceladas.

Además, el Gobierno ecuatoriano ha anunciado otro proyecto penitenciario con capacidad prevista para 15.000 internos, una iniciativa que refleja la dimensión de la apuesta del país por ampliar su infraestructura de máxima seguridad.

El principal problema: las cárceles también pueden convertirse en centros de operaciones criminales

Uno de los argumentos más importantes de los expertos que cuestionan la expansión de las megacárceles es que el encarcelamiento, por sí solo, no garantiza la desaparición de las organizaciones delictivas.

En diferentes países latinoamericanos, las prisiones han terminado convirtiéndose en espacios desde los que determinados grupos mantienen el control de sus actividades ilegales.

Las organizaciones pueden aprovechar la concentración de internos para establecer alianzas, reclutar nuevos integrantes, organizar operaciones y mantener estructuras de mando.

La situación de Ecuador constituye uno de los ejemplos más estudiados. Durante los últimos años, varias prisiones del país se han convertido en escenarios de enfrentamientos entre organizaciones criminales, con graves episodios de violencia.

En Brasil también existen organizaciones que han consolidado su influencia dentro del sistema penitenciario. Entre ellas destaca el Primer Comando de la Capital (PCC), cuya expansión demuestra que la prisión no siempre supone el final de la actividad de una estructura criminal.

InSight Crime advierte de que las megacárceles pueden abordar una parte del problema, pero no sustituyen las investigaciones financieras, la lucha contra la corrupción, el control de las rutas del narcotráfico ni el fortalecimiento de las instituciones judiciales.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, también ha advertido en declaraciones recogidas por EFE de que reproducir la imagen de las grandes cárceles y endurecer las penas no significa necesariamente copiar los factores que permiten combatir las estructuras criminales.

La especialista considera que cada país presenta características diferentes y que las políticas diseñadas para combatir las pandillas salvadoreñas no necesariamente sirven para enfrentarse a redes transnacionales que controlan rutas de narcotráfico, puertos y economías ilegales.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y abusos

El debate sobre el modelo Bukele no puede separarse de las denuncias relacionadas con el régimen de excepción aplicado en El Salvador.

Desde marzo de 2022, las autoridades han realizado decenas de miles de detenciones en el marco de la lucha contra las pandillas.

El Gobierno sostiene que esta política ha permitido desarticular estructuras criminales y recuperar territorios que durante años estuvieron bajo su influencia.

Sin embargo, Human Rights Watch ha documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y vulneraciones de las garantías judiciales.

En su Informe Mundial 2026, la organización señaló que las autoridades habían detenido a más de 90.000 personas desde el comienzo del régimen de excepción, incluidos más de 3.000 menores de edad.

La entidad también recogió denuncias de personas arrestadas sin pruebas suficientes de vinculación con organizaciones criminales y cuestionó las condiciones de acceso a la defensa legal.

Por otra parte, Amnistía Internacional publicó el 15 de julio de 2026 una investigación titulada Seguridad sin derechos, en la que documentó patrones de detenciones masivas arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y fallecimientos bajo custodia estatal.

La organización considera que estas prácticas no deben interpretarse como incidentes aislados, sino dentro de un contexto de debilitamiento de las garantías institucionales.

Estas denuncias no significan que todas las personas encarceladas sean inocentes ni que las operaciones contra las pandillas carezcan de justificación. Significan que las actuaciones de las autoridades también deben someterse a controles judiciales y respetar los derechos reconocidos por las normas internacionales.

La lucha contra el crimen organizado y la protección de las garantías fundamentales no son objetivos incompatibles.

La Comisión Interamericana también cuestiona la prolongación del régimen de excepción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado reiteradamente su preocupación por la continuidad de las medidas excepcionales en El Salvador.

En un comunicado del 21 de abril de 2026, la institución señaló que el régimen de excepción llevaba 49 prórrogas consecutivas desde su aprobación inicial.

La Comisión indicó que, según los datos oficiales disponibles entonces, más de 91.500 personas habían sido detenidas desde marzo de 2022.

También recogió estimaciones de organizaciones civiles que situaban la población penitenciaria por encima de las 130.000 personas.

Otro de los datos más preocupantes del comunicado hacía referencia a los fallecimientos bajo custodia estatal. La CIDH mencionó que se habían registrado al menos 500 muertes entre el comienzo del régimen excepcional y el 10 de marzo de 2026, según las denuncias disponibles.

La institución pidió a las autoridades salvadoreñas revisar la necesidad, proporcionalidad y duración de las medidas excepcionales, especialmente teniendo en cuenta la reducción de los indicadores de violencia que el propio Gobierno presenta como resultado de su estrategia.

El organismo considera que las políticas de seguridad deben mantenerse dentro de los límites establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Colombia también aparece en el debate sobre las megacárceles

La expansión de esta estrategia tiene especial relevancia para Colombia, un país que afronta problemas de narcotráfico, organizaciones armadas, extorsión y control territorial por parte de diferentes estructuras criminales.

El país también aparece en el mapa regional de proyectos penitenciarios elaborado por InSight Crime.

Durante su campaña presidencial, Abelardo de la Espriella planteó la construcción de diez nuevas megacárceles como parte de su propuesta de seguridad.

La iniciativa pretende reforzar la capacidad del Estado para mantener bajo control a los integrantes de organizaciones criminales y evitar que continúen dirigiendo actividades ilegales desde las prisiones.

No obstante, la aplicación de una estrategia de este tipo en Colombia tendría que afrontar particularidades diferentes a las de El Salvador.

El país cuenta con un escenario de criminalidad más complejo, en el que conviven organizaciones narcotraficantes, grupos armados, redes de extorsión y estructuras vinculadas a economías ilegales.

Por eso, una ampliación de la infraestructura penitenciaria necesitaría acompañarse de medidas para impedir la corrupción dentro de las cárceles, reforzar las investigaciones contra las redes financieras criminales y garantizar que los responsables puedan ser procesados mediante procedimientos judiciales adecuados.

Además, cualquier nuevo complejo penitenciario tendría que contar con recursos suficientes para alimentación, asistencia sanitaria, vigilancia, personal especializado y programas de reinserción.

Sin esas condiciones, aumentar el número de plazas podría terminar trasladando los problemas actuales a instalaciones de mayor tamaño.

Más cárceles no significan necesariamente menos delincuencia

La expansión del modelo penitenciario salvadoreño refleja el interés de diferentes gobiernos por ofrecer respuestas visibles ante una preocupación social creciente: la inseguridad.

Las grandes instalaciones, las operaciones policiales y las medidas de máxima vigilancia transmiten una imagen de autoridad que puede resultar políticamente atractiva.

Sin embargo, el verdadero resultado de estas políticas debe medirse mediante indicadores más amplios que el número de detenidos o las dimensiones de las prisiones.

La reducción de homicidios, las condenas sustentadas en pruebas, el desmantelamiento de las estructuras financieras criminales, la disminución de las extorsiones y la capacidad de evitar que las organizaciones continúen operando desde las cárceles son algunos de los factores que permitirán determinar su eficacia.

También será necesario comprobar que los centros penitenciarios no se conviertan en espacios de hacinamiento, violencia o vulneraciones sistemáticas de derechos.

Por ahora, el modelo de Bukele continúa extendiéndose por América Latina, pero sus resultados fuera de El Salvador todavía presentan importantes interrogantes.

La construcción de megacárceles puede representar una herramienta dentro de una política de seguridad más amplia. Lo que todavía no está demostrado es que, por sí sola, constituya una solución duradera frente al crimen organizado.

La región se enfrenta, por tanto, a una decisión que va más allá de levantar grandes instalaciones penitenciarias: determinar si la seguridad puede fortalecerse mediante el control del delito, la eficacia de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, sin convertir las prisiones en nuevos centros de poder para las organizaciones criminales.

Fuentes documentales y medios consultados:

1. InSight Crime – Investigación regional (3 de agosto de 2026). Mapa de las megacárceles de América Latina. Fuente principal para los 16 proyectos identificados en diez países, sus fases de desarrollo y el análisis de las diferencias entre las iniciativas.

2. EFE – 21 de noviembre de 2026. El modelo de las megacárceles de Bukele avanza en Latinoamérica. Análisis de la expansión regional y declaraciones de Human Rights Watch.

3. Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica – 21 de octubre de 2026. Comunicado oficial de inauguración del CACCO. Confirma la capacidad de 5.100 internos y la inversión de 33,15 millones de dólares.

4. Primicias – Ecuador. Funcionamiento y restricciones de la Cárcel del Encuentro. Información sobre las condiciones de acceso, visitas y garantías de los internos.

5. Human Rights Watch – Informe Mundial 2026. Informe sobre El Salvador. Documenta las detenciones, las denuncias de abusos y la situación penitenciaria.

6. Human Rights Watch – 7 de octubre de 2026. Los juicios masivos en El Salvador y las garantías judiciales. Información adicional sobre el debido proceso y las condiciones de detención.

7. Amnistía Internacional – 15 de julio de 2026. Seguridad sin derechos: informe sobre El Salvador. Investigación sobre detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia.

8. Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 21 de abril de 2026. Seguimiento del régimen de excepción en El Salvador. Comunicado institucional sobre las prórrogas del régimen y sus consecuencias.

9. Deutsche Welle – 16 de noviembre de 2026. Megacárceles: las dudas sobre la receta de Bukele. Análisis de especialistas sobre los costes, la eficacia y la reinserción.

10. Infobae – 21 de septiembre de 2026. La expansión regional de los proyectos penitenciarios. Información complementaria sobre los países que han anunciado nuevas instalaciones.

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